Un total de 23 miembros de una pandilla violenta del municipio de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico, fueron acusados de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, informó este jueves la Fiscalía Federal.
«Las organizaciones criminales como la que desmantelamos hoy dañan a la comunidad con el tráfico de drogas y actos de violencia», denunció en un comunicado el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Fuerza de Ataque de Aguadilla del Negociado de la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación del caso.
Los llamados equipos de respuesta especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y de la Policía Municipal de Guaynabo colaboraron durante los arrestos.
Fue el pasado 28 de septiembre cuando un gran jurado federal en Puerto Rico emitió una acusación formal contra los 23 individuos por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y por violaciones relacionadas con armas de fuego.
Según el pliego acusatorio, desde 2015 hasta el presente, la organización distribuyó base de cocaína (comúnmente conocida como crack), cocaína y marihuana cerca del Proyecto de Vivienda Pública La Montaña y otras áreas de Aguadilla.
Los acusados establecieron un punto de distribución de drogas que se movía por diferentes áreas dentro del complejo de vivienda pública para no ser detectados por la Policía, según la nota de la Fiscalía.
También usaban máscaras faciales para evitar ser identificados por los agentes y pedían a los posibles compradores una identificación con el fin de detectar a posibles policías.
Los miembros de la pandilla usaron la fuerza y la violencia para intimidar a bandas rivales de tráfico de drogas y para imponer disciplina a los miembros de su propia organización.
Si son declarados culpables de los cargos de tráfico de drogas, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua.
En caso de ser declarados culpables por los delitos de armas de fuego, la sentencia mínima es de 15 años de prisión y la máxima, cadena perpetua.
Todos los individuos enfrentan asimismo una acusación de decomiso de narcóticos de más de 6.8 millones de dólares.
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