Un tribunal especial formado por jueces y diputados destituyó este viernes por unanimidad al gobernador de Río de Janeiro, el conservador Wilson Witzel, por supuesta corrupción durante la gestión de la pandemia del covid-19 en ese estado brasileño.
La decisión culminó un largo juicio político abierto en junio del año pasado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro contra Witzel, quien ya estaba suspendido del cargo por orden del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El tribunal especial mixto encargado de decidir sobre el ‘impeachment’, integrado por cinco diputados regionales y cinco jueces, encontró culpable a Witzel de irregularidades en diversas contrataciones y malversación de recursos públicos destinados para la covid-19.
Río de Janeiro es uno de los estados brasileños más afectados por la pandemia, con casi 44,500 fallecidos y más de 740,000 casos de covid-19, según datos oficiales.
La destitución de Witzel confirma, con carácter definitivo, al vicegobernador Claudio Castro, sobre el que también pesan sospechas de corrupción, como gobernador de Río hasta las elecciones de 2022.
El órgano colegiado también decidió, por mayoría de nueve votos a favor y uno en contra, inhabilitar políticamente a Witzel por cinco años, por lo que estará impedido de concurrir a unas elecciones durante ese periodo.
Witzel, exjuez y antiguo fusilero naval, fue elegido gobernador de Río en 2018, con la promesa de emplear «mano dura» contra el crimen y bajo la bandera de tolerancia cero contra la corrupción.
En un primer momento se posicionó como un aliado del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aunque posteriormente se distanció hasta convertirse en un opositor a su Gobierno.
Con el estallido de la pandemia, Witzel fue objeto de operaciones policiales por el presunto desvío de recursos públicos previstos para la construcción de hospitales de campaña destinados a enfermos con covid-19.
También fue acusado de orquestar una «organización criminal» dedicada a la corrupción y recibir sobornos de un empresario del área de salud que se adjudicó varios de los contratos de emergencia para hacer frente a la pandemia.
Con base en esas investigaciones, diputados de la oposición solicitaron a la asamblea fluminense iniciar un proceso de destitución que finalmente concluyó este viernes.
«Vilipendiando la ética, la moral y los principios básicos de la buena administración pública, el imputado orientó su relación con la cosa pública con total descuido, desapego y sordidez, afectando a todos los ciudadanos fluminenses», afirmó el juez José Carlos Maldonado en su voto.
Witzel siempre negó los cargos en su contra y se declaró víctima de una «persecución» promovida, según él, por las altas esferas del Estado. Asimismo, calificó su destitución de «golpe».
«No fui sometido a un tribunal de un Estado de derecho, pero sí a un tribunal inquisitorial», expresó este viernes el ya exgobernador en sus redes sociales.
Río, el tercer estado más poblado de Brasil, con unos 17,3 millones de habitantes, sufre desde hace décadas con la corrupción en la política.
Al igual que Witzel, cinco de sus antecesores en la Gobernación de Río también fueron investigados por corrupción: Wellington Moreira Franco (1987-1991), Anthony Garotinho (1999-2002), Rosinha Matheus (2003-2006), Sergio Cabral (2007-2014) y Luiz Fernando Pezão (2014-2018).
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