La sombra del fraude se cierne sobre «Jóvenes Construyendo el Futuro», uno de los programas estrella del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según revela un estudio publicado este martes que destapa varias irregularidades.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó un informe en el que reportó incongruencias económicas y en los registros de becados, tanto de los centros de trabajo como de los jóvenes inscritos al programa.
Con un presupuesto contemplado de unos 40.000 millones de pesos (unos 2.010 millones de dólares) a nivel nacional para este año, se calcula que a final de año se habrá gastado solamente un total de 24.358 millones de pesos (unos 1224 millones de dólares).
Esto deja un subejercicio de 15.641 millones de pesos (785 millones de dólares) para este año, un 39 % del total presupuestado.
La organización, que basa sus afirmaciones en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), se cuestiona a dónde irá a parar ese dinero sobrante.
Otra de las inconsistencias es que el padrón de becarios y centros de trabajo presenta estadísticas improbables.
El crecimiento en los registros es continuo pero sin apenas variaciones. Es decir, que prácticamente se registra la misma proporción de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades a diario.
«Es un crecimiento absolutamente lineal, nunca baja, ni en Semana Santa, ni en días festivos, todos los días sube el padrón, eso es estadísticamente improbable», apuntó la presidenta ejecutiva de MCCI, María Amparo Casar.
Según el estudio, basado únicamente en cifras oficiales, al programa se han registrado un total de 900.000 becarios -que perciben 3.600 pesos mensuales (unos 180 dólares)- y 157.070 centros de trabajo.
Por otro lado, la información pública disponible de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es poco precisa a la hora de identificar a los centros de trabajo que brindan oportunidades a los jóvenes.
Algunos de los empleadores están identificados de forma vaga. Por ejemplo: «María Cristina» -sin aportar el apellido ni más datos-, «Abarrotes Alex», o simplemente «diputado federal».
A juicio de Casas, «la información que ofrece la Secretaría de Trabajo es poco transparente y así no puede haber rendición de cuentas ni tampoco evaluación del programa».
Al observar esto, la organización realizó una auditoría propia al programa en Ciudad de México, la cual alberga cerda de un 4,7 % de los becarios a nivel nacional, con un total de 42.159.
Sorprenden las inconsistencias sobre los 6.449 centros de trabajo adscritos al programa, de los cuales MCCI revisó 5.439.
De esos centros, no se logró obtener ningún tipo de información de 2.881.
«No decimos que no existan, decimos que no pudimos encontrarlos», puntualizó Casas.
Asimismo, se descartaron también 843 casos registrados como personas físicas también por imposibilidad a la hora de localizarlos, identificados con nombres como «Candy, Jorge o Arturo», sin ningún dato más.
En 646 casos se logró identificar una dirección o teléfono pero al desplazarse al lugar no se encontró el establecimiento.
La organización puso de ejemplo algunos casos como el identificado en el padrón como «Refaccionaria Gasca», donde, en lugar de un taller de mantenimiento automotriz, se encontró un terreno baldío.
En 140 casos se logró contactar al centro de trabajo registrado en el padrón, pero al hacer la visita el responsable afirmó no haberse inscrito al programa.
MCCI reportó también que 166 empresas no quisieron ofrecer información al respecto y 214 aseguraron no haber recibido ningún becario todavía como parte del programa.
Por último, indicó que 136 empresas encontradas dijeron haber tenido becarios en el pasado, pero ya no.
La investigación en Ciudad de México arrojó finalmente que solo 413 empresas contaban con becarios del programa.
Finalmente, la organización resaltó que en los centros que sí pudieron visitar detectaron problemas como la falta de pago, despido de empleados y sustitución por becarios, ausentismo, discordancia entre becarios registrados y becarios capacitándose, así como retención de parte de la beca.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, expuso que los resultados del estudio evidencian que «un programa que no tiene normas de operación bien diseñadas seguramente va a presentar muchos problemas».
Vio el programa lastrado por fallas en su ejecución.
«Si los programas grandes están así, si los visibles están así, imagínense cómo están el resto de los programas», concluyó.
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