El número de personas detenidas por los presuntos delitos del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU. se acerca a 1400, ya que el índice de detenciones mostró un fuerte aumento en el primer trimestre en comparación con 2023 y 2022, según muestra un informe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, al cierre del 5 de abril, 1387 personas han sido detenidas desde la irrupción y la violencia en el Capitolio del 6 de enero de 2021.
En los tres primeros meses del año, las 122 detenciones registradas en 2024 superaron ampliamente las 70 detenciones del mismo periodo de 2023 y las 50 detenciones del primer trimestre de 2022, según muestran los registros del DOJ.
El FBI detuvo a 367 personas acusadas del 6 de enero desde el 6 de abril de 2023, y a 612 personas desde la misma fecha en 2022.
Exactamente 1300 personas han sido acusadas de entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido; un delito menor. De ellas, 122 de los cargos implicaban un arma mortal o peligrosa.
Al menos 353 personas fueron acusadas de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial —el delito grave más comúnmente imputado el 6 de enero— un cargo controvertido que está siendo impugnado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
De las detenciones hasta la fecha, el 36% fueron por agredir, resistirse o impedir el paso a oficiales o empleados de las fuerzas policiales. En más de una cuarta parte de esas detenciones se utilizó un arma mortal o peligrosa, según el informe.
70% de delitos menores
Unas 791 personas se declararon culpables de los cargos imputados el 6 de enero, de las cuales el 69% eran delitos menores y el 31% delitos graves, informó el DOJ. Un 12% de las declaraciones de culpabilidad fueron por agresión a un oficial.
Cerca de 860 personas han sido condenadas, el 61% a algún periodo de encarcelamiento y el 20% a arresto domiciliario, según el informe.
Las detenciones y enjuiciamientos por casos del 6 de enero se detuvieron durante parte de 2023, y después se produjo un repunte que continuó en 2024.
La acusación del Departamento de Justicia contra los acusados del 6 de Enero se enfrentará a serias pruebas durante el resto de 2024.
La Corte Suprema escuchará los argumentos orales el 16 de abril sobre una impugnación del controvertido uso de los estatutos de fraude corporativo para procesar a los acusados por la presunta obstrucción de la sesión conjunta del Congreso que se reunió el 6 de enero de 2021 para el recuento, en gran medida ceremonial, de los votos del Colegio Electoral.
El alto tribunal acordó en diciembre de 2023 aceptar la impugnación del acusado del 6 de enero, Joseph Wayne Fischer, de 57 años, de Jonestown (Pensilvania) —una de las 353 personas acusadas de obstruir corruptamente el Congreso el 6 de enero. Se espera una decisión para finales de junio.
Muchos abogados defensores creen que la Corte Suprema anulará el novedoso uso que hace el Departamento de Justicia de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para procesar a los acusados por el retraso de varias horas de una sesión conjunta del Congreso debido a la violencia en el Capitolio. La ley en la que se basa la acusación se estableció para evitar el tipo de manipulación de pruebas que se vio en los escándalos de Enron y Arthur Andersen.
Otro caso del 6 de enero llegó recientemente la Corte de Apelación de EE. UU. del Circuito del Distrito de Columbia, que dictaminó que, a efectos de los aumentos de penas federales, la sesión conjunta del Congreso no se considera «administración de justicia». Los aumentos de condena en algunos casos habían dado lugar a penas de prisión mucho más largas.
Según los abogados defensores, podría haber otros posibles recursos de inconstitucionalidad entre los casi 900 casos concluidos el 6 de enero.
Una posible impugnación se referirá a la negativa de los jueces de la Corte de Distrito de EE .UU. hasta la fecha a conceder un cambio de sede incluso en un solo caso del 6 de enero. Los acusados han argumentado que la gran publicidad previa al juicio y el jurado demócrata casi monolítico del Distrito de Columbia hacen casi imposible que los acusados del 6 de enero tengan un juicio justo.
Otra objeción común presentada por los equipos de defensa es la presunta ocultación de pruebas exculpatorias por parte de los fiscales federales. La Corte Suprema dictaminó en 1963 en el caso Brady contra Maryland que la ocultación de pruebas relevantes para la culpabilidad o el castigo constituye una violación del derecho del acusado a las garantías procesales.
Los abogados defensores llevan más de tres años quejándose de la base de datos de «descubrimiento global» del DOJ, que contiene millones de documentos, fotografías y videoclips.
El sistema puede hacer casi imposible encontrar pruebas exculpatorias que se supone que los fiscales deben proporcionar a los acusados en primer lugar, dicen.
Un abogado calificó la base de datos federal de pruebas de «tsunami de basura».
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