Las autoridades colombianas detuvieron a siete supuestos miembros de una red criminal conocida como «Los Coyoteros» que se dedicaba al tráfico de migrantes desde las fronteras con Venezuela y Ecuador, y ubicaron seis autobuses con más de 100 migrantes que iban a ser transportados ilegalmente, informó este viernes la Fiscalía.
Se trata de Alba Guerrero Salazar, alias ‘Ruby’; Richard Fernández Pérez, alias ‘Tasmania’; Yolanda Trejo Romo, alias ‘Yolanda’; Luisa Fernanda Acevedo, alias ‘La Flaca’; Ángel Trejo Romo; alias ‘El Cuencano’; Carlos Manuel Rosales Cortes, alias ‘La Foca’, y Arturo Taquez Rosales, quienes fueron detenidos por las autoridades en un operativo ocurrido en Ipiales, ciudad ubicada en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
En este operativo, en el que se allanaron una vivienda y un parqueadero, también fueron incautados 23 millones de pesos (5536 dólares) en efectivo y más de 6000 dólares empacados en maletines.
«Asimismo, fueron ubicados seis buses que pretendían transportar de manera ilegal 126 migrantes de distintas nacionalidades», agregó la información.
Según el ente acusador, los procesados se encargaban de contactar a migrantes en Cúcuta, capital del Norte de Santander (noreste) y la principal frontera con Venezuela, e Ipiales (sur), principal frontera con Ecuador.
Después del contacto, las victimas eran enviadas a Necoclí, en el departamento de Antioquia (noroeste), a donde eran llevadas para pasar por vía terrestre -a través de la selva del Darién- o marítima a Panamá.
La red «les daba a los ciudadanos extranjeros hospedaje, alimentación, transporte y documentación falsa», por lo que los migrantes debían pagar hasta 6000 dólares por persona, detalló la Fiscalía en un comunicado.
También les cobraban por la entrada y salida del país, con tarifas que iban desde los 20 a los 500 dólares. Si los ciudadanos no pagaban el dinero, les quitaban los documentos falsos, los maltrataban físicamente y amenazaban con armas de fuego.
Por esto, los siete detenidos fueron imputados por delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, cargos que no fueron aceptados.
Tres de los imputados fueron enviados por un juez a prisión preventiva, mientras que los otros cuatro continuarán siendo investigados en libertad.
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