La Fiscalía General de El Salvador informó este viernes la detención de seis personas señaladas de presuntamente «difamar» y revelar información privada de «figuras públicas» en Twitter mediante «cuentas troles».
La institución publicó en sus redes sociales que, junto a la Policía Nacional Civil, «ejecutaron la captura de personas que, por medio de redes sociales, se encargaban de difamar y revelar información privada de figuras públicas y particulares».
La Fiscalía vinculó estas detenciones al tuitero Luis Rivas, crítico del gobierno de Nayib Bukele y conocido como «El Comisionado», quien enfrenta un proceso penal por desacato.
A pesar de señalar públicamente a estas personas de «difamar», el Ministerio Público indicó que serán procesadas por los delitos de utilización de datos personales y revelación indebida de datos.
Los detenidos son Eric Zelaya, David Reyes, Josseline Hernández, Alex Hernández, Luis Celis y Josué Carpaño.
Según la Fiscalía, Zelaya «entregó dinero para que se realizaran publicaciones calumniosas», en las que «se difamaba y revelaba información personal de figuras públicas, personas particulares y vinculadas a partidos políticos».
La Ley Contra Delitos Informáticos establece penas de entre cuatro y seis años por la utilización de datos personas y de tres a cinco años por la revelación de esta información.
Un representante de la Fiscalía indicó que «estas personas, a cambio de pagos efectuados por interesados, usaban los datos personales en específico de una víctima que tiene régimen de protección» y «usaban cuentas troles, específicamente en Twitter, para publicar dichos datos y hacerlos públicos».
Sobre la detención del tuitero Rivas por desacato contra el presidente Bukele, según publicaciones de medios salvadoreños, el proceso pasó a inicios de septiembre a la etapa de instrucción.
De acuerdo con el investigador Juan Pappier, de la organización Human Rights Watch (HRW) en la División para las Américas, la legislación salvadoreña se opone a estándares internacionales sobre la libertad de expresión.
«El delito de desacato, tal y cómo está previsto en la legislación salvadoreña, contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión», publicó en Twitter.
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