El excongresista de Miami (Florida, EE.UU.) David Rivera fue arrestado este lunes en Atlanta (Georgia) por cargos criminales tras una investigación federal sobre un contrato de asesoramiento por 50 millones de dólares que firmó con la estatal venezolana PDVSA.
Medios locales informan que la portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Miami, Marlene Rodríguez, indicó que el arresto de Rivera, de 57 años, en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013, se llevó a cabo este lunes en el aeropuerto de Atlanta, aunque ya fue puesto en libertad.
El excongresista, según medios de Florida, había firmado en 2017 un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares con la filial en EE.UU. de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA), entidad llamada Citgo, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos.
Rivera fue acusado el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida de Miami, pero el documento permanece sellado, por lo que de forma oficial no se conocen los cargos.
Rivera, durante años, había estado bajo investigación tras salir a la luz que, supuestamente, recibió esa cantidad millonaria a través de un contrato firmado con Citgo.
El contrato se firmó en el contexto de una primera etapa de las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Administración de Donald Trump, en la que desde Caracas se trataba de conseguir un acercamiento con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EE.UU. al alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017.
Ese contrato es investigado por fiscales federales en Miami.
La demanda establece que Interamerican Consulting, propiedad de Rivera, debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.
El acuerdo establecía que Interamerican cobraría 50 millones de dólares por sus servicios entre marzo y junio de 2017, los cuales serían cancelados en seis pagos por parte de la filial de PDV, según la demanda.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, nombró a un nuevo equipo directivo de PDV en Estados Unidos, que inició una auditoría realizada a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos con sede en Delaware, que dio lugar a la demanda.
Rivera, por su parte, ha mantenido su inocencia y presentó una contrademanda contra PDV en EE.UU. alegando un supuesto incumplimiento de contrato por no pagarle 30 millones de dólares que aún le adeudan.
El contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, por lo que cualquier trabajo que realizara en favor de intereses comerciales venezolanos habría requerido registrarse como cabildero extranjero, lo que según parece no realizó.
Rivera recibió solamente una parte de los 50 millones de dólares, pero la acusación denuncia que, supuestamente, desvío el dinero a un narcotraficante y a una compañía de yates a nombre de un magnate televisivo venezolano buscado por las autoridades estadounidenses.
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