Las autoridades migratorias de Colombia detuvieron este miércoles a Fernando Arellán, quien fue miembro de las FARC y estuvo implicado en el atentado terrorista al club El Nogal en Bogotá, cuando intentaba viajar «de paseo» a Cancún (México) con un permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«Arellán tenía permiso de la JEP para salir del país. Sin embargo, le apareció una orden de captura antigua de una jurisdicción ordinaria y no lo cobija el permiso de la JEP», aseguraron a Efe fuentes de Migración Colombia.
Las autoridades migratorias lo detuvieron en el aeropuerto de Bogotá antes de que saliera para México y lo pusieron a disposición de la Policía Nacional.
Arellán fue miembro de la columna Teófilo Forero de las FARC y es uno de los implicados en el atentado al exclusivo club El Nogal, perpetrado el 7 de febrero de 2003 y que dejó 36 muertos y unos 200 heridos.
El exguerrillero está sometido a la JEP por su implicación en hechos cometidos durante el conflicto armado cuando hacía parte de las FARC. Esta misma Jurisdicción, creada por el acuerdo de paz, está estudiando si prioriza en alguno de sus casos el atentado contra El Nogal, del que el mes pasado se cumplieron 19 años.
Detenciones como la de Arellán ya les han ocurrido a otros miembros de la extinta guerrilla que se acogieron a la JEP, tribunal que les tiene que dar permisos concretos para poder salir del país y bajo la condición de que regresen.
El último líder de la cúpula de las FARC y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño (conocido como «Timochenko»), tuvo que cancelar a finales del año pasado una visita a Alemania por miedo a que se le activara una orden de captura.
El Gobierno alemán, según su relato, no le garantizaba que Interpol no fuera a requerirlos cuando Londoño y otras cabezas visibles de la antigua guerrilla, como la senadora Sandra Ramírez, llegaran a Berlín.
Lo mismo le pasó a Rodrigo Granda, conocido como el «canciller de las FARC», que fue detenido en México el pasado octubre cuando se dirigía a un congreso junto a otros miembros de Comunes porque se activó una orden de extradición en su contra.
Granda, que fue devuelto a Colombia, tenía una ficha roja de búsqueda y captura de Interpol, a petición de Paraguay, por su supuesta implicación como colaborador en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999), cuyo cadáver fue hallado el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda.
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