El exministro peruano Geiner Alvarado, que estuvo al frente de los ministerios de Transportes y Vivienda en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), fue detenido por la Policía Nacional este viernes en Lima, a raíz de una resolución judicial que dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por un caso de presunta corrupción.
Alvarado fue detenido en el acomodado distrito limeño de La Molina, cuando se desplazaba en su camioneta, y conducido a la sede de la Fiscalía, en el centro de la capital, según mostraron las imágenes de la televisión local.
Horas antes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, dispuso variar la medida de comparecencia periódica ante las autoridades, que estaba vigente para Alvarado, por la de prisión preventiva, al estar comprendido en la investigación por organización criminal abierta contra Castillo y una serie de allegados políticos y familiares.
El juez San Martín también decidió este viernes ratificar los 36 meses de prisión preventiva contra Castillo, después de rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
El caso en el que está investigado Alvarado es el referido a la supuesta red de corrupción instalada en los ministerios de Vivienda y de Transportes para adjudicar obras de infraestructura a empresarios cercanos al entonces gobernante a cambio de dinero, según la hipótesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público (Fiscalía) confirmó este viernes, a través de su cuenta en Twitter, que, a su solicitud, había logrado que el Poder Judicial ratifique la prisión preventiva contra Castillo y que se varíe la medida de comparecencia por cárcel preventiva para Alvarado.
La decisión es una respuesta a un recurso de apelación presentado por Castillo y que fue evaluado este miércoles en una audiencia en la que su defensa reiteró que no hay riesgo de fuga puesto que este se encuentra preso, y que los argumentos de convicción presentados por la Fiscalía no son jurídicos.
Durante la audiencia en la que se expuso la apelación de Castillo, el exmandatario afirmó que las autoridades judiciales de Perú lo mantienen en prisión preventiva mientras es investigado por corrupción «para cumplir una consigna», si bien no aclaró quién ha emitido esa orden.
«La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar», aseveró.
A la orden de 36 meses de prisión preventiva se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
En el supuesto caso de corrupción, Castillo es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
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