Una juez peruana ordenó la detención preliminar, durante siete días, de diez personas, entre ellas las dos exsecretarias del presidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte de las investigaciones de un presunto caso de corrupción que llevó a debatir un pedido de destitución del gobernante.
La decisión fue tomada por la juez Sonia Bazalar a pedido de la fiscal provincial Janny Sánchez, quien solicitó la detención de las exsecretarias presidenciales Karem Roca y Miriam Morales, así como del cantante Richard «Swing» Cisneros, implicado en presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.
Desde la madrugada de este viernes agentes de la Policía Nacional, fiscales anticorrupción y peritos del Ministerio Público participaron en operativos en las viviendas de las personas con orden de detención, entre las que se incluyó a Óscar Vásquez, excoordinador de prensa y general de la Presidencia peruana, y siete funcionarios de Cultura.
Peligro para investigaciones
El Ministerio Público informó, en un comunicado, que el pedido de detención se presentó «ante posible peligro de fuga y obstaculización del proceso», y está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La decisión judicial también incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de los investigados, así como el allanamiento y registro de las viviendas de los implicados.
La fiscal, que realiza una investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible, consideró que existe el peligro de obstaculización y fuga de los implicados en este caso, que tienen «contactos de alto nivel», y que, además, se estaría eliminando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.
Delitos conexos
La Fiscalía precisó que a Morales y Vásquez también se les investiga por delitos conexos de obstrucción a la justicia, y a Roca por los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica.
Esta investigación, sostuvo, se basa «en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos, informes periciales», así como la declaración de un testigo en reserva y de un aspirante a colaborador de la justicia.
Agregó que Cisneros «habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura».
Esto llevó a que se emitan nueve «órdenes de servicio» a su favor, por un total de 175,400 soles (más de 50,000 dólares), que «habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades», según la investigación preliminar.
Círculo del presidente
Morales, Roca y Vásquez pertenecieron hasta hace dos semanas al círculo más cercano a Vizcarra, pero renunciaron a su cargos tras la crisis política causada por la revelación de unos audios en los que se escucha al gobernante realizar coordinaciones sobre el llamado «caso Swing».
La difusión de los audios, que supuestamente fueron grabados de manera clandestina por Roca, llevó a un sector de la oposición política a presentar un pedido de destitución del presidente por una presunta «incapacidad moral».
El pasado 18 de septiembre, el Congreso rechazó la solicitud de destitución por amplia mayoría, aunque con el argumento principal de que el país está afrontando una severa crisis sanitaria y económica por el impacto de la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Vizcarra ha negado estar implicado en este caso y señala que, a pesar de contar con inmunidad por su cargo, está dispuesto a colaborar con las investigaciones que siguen la Fiscalía y el Congreso.
Tras conocerse las órdenes de detención preliminar, la bancada del Frente Amplio de izquierdas exigió en Twitter que el Congreso debata su pedido de conformación de una comisión especial que investigue a Vizcarra «y su entorno más directo».
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