El parlamentario japonés y miembro del partido gobernante Tsukasa Akimoto fue detenido este miércoles por haber recibido supuestamente sobornos de un operador chino de casinos para facilitar la introducción de sus negocios en Japón.
Las autoridades sospechan que Akimoto, de 48 años, habría recibido unos 3,7 millones de yenes (30,500 euros) de una empresa china interesada en abrir complejos de casinos en Hokkaido (norte) tras la entrada en vigor de una normativa que permite estas instalaciones en territorio japonés, anunció la fiscalía.
Su detención arroja nuevas dudas sobre la controvertida legalización de los casinos en Japón, una medida rechazada por toda la oposición y por diversos colectivos por el riesgo de que reavivara el problema de la ludopatía en el país y pudiera socavar la seguridad pública.
La fiscalía cree que Akimoto recibió dinero en metálico de la empresa en 2017, además de visitar Hokkaido en 2018 en un viaje de elevado coste pagado por la compañía, 500.com Ltd., que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
El parlamentario también visitó la sede de la empresa en Shenzen (China) en 2017 y participó en un viaje a un complejo de casinos operado por ésta en Macao.
El político dimitió de su cargo como parlamentario del Partido Liberal Demócrata (PLD) tras su detención.
Antes de ser arrestado, aseguró en su cuenta de Twitter «no haber estado involucrado en nada ilícito».
La detención de Akimoto, la primera de un parlamentario japonés desde 2010, se suma a otros casos de corrupción o de tráfico de influencias que salpicaron al Gobierno liderado por Shinzo Abe y causaron la detención de dos ministros este año.
Akimoto era diputado en la Cámara Baja del Parlamento japonés desde 2004 y ocupaba el cargo de viceministro sénior en el Ministerio de Turismo; entre sus funciones estaba supervisar la política destinada a introducir casinos.
Al ser preguntado sobre la detención en una rueda de prensa, el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, evitó este miércoles hacer comentarios por tratarse «de una investigación en curso», y afirmó que el Gobierno «continuará adelante con su política para que los ‘resorts’ integrados (casinos) puedan funcionar lo antes posible».
La fiscalía japonesa también ha detenido a otras tres personas que trabajaban en Tokio para la compañía china, que gestiona casinos en Internet y apuestas deportivas.
El Gobierno de Abe impulsó en 2016 una reforma legal para permitir la apertura de casinos en el país, donde hasta ahora la prohibición de los juegos de azar imposibilitaba la creación de este tipo de establecimientos.
La nueva normativa permite los juegos de azar en casinos ubicados en «resorts» como hoteles o complejos de ocio.
El Ejecutivo tenía previsto próximamente elegir tres localizaciones para los primeros complejos de este tipo, que se espera que abran sus puertas para mediados de 2020 y permitan atraer a más turistas en el mismo año que el país acogerá los Juegos Olímpicos.
Una de estas posibles ubicaciones era Hokkaido, aunque el Gobierno local descartó esta opción a finales de noviembre debido a su posible impacto medioambiental.
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