La policía española detuvo este lunes a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, supuestamente por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según informaron a Efe fuentes próximas a la causa, los agentes detuvieron a Alejo Morojo, hijo del exembajador, y a otras tres personas dentro una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.
El exdiplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional.
Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de la petrolera pública de su país y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo que se remontan al período 2012-2015.
En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.
A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.
El principal imputado es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de PDVSA gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.
Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España con la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.
El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma.
Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro exviceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2000 millones de dólares a la compañía.
Los desvíos de PDVSA, que se consideran el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del régimen chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y diversos directivos de varias filiales, fueron detenidos o están siendo buscados.
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