Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS13), acusado de ser un sicario de esta pandilla y quien al parecer formó parte de un programa social, señaló este jueves el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Se trata de José Hernández, alias ‘Skinny, a quien Villatoro calificó de ser uno de los «angelitos» del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien se encuentra en Nicaragua y fue procesado y condenado en El Salvador por cargos de corrupción.
«Este cobarde pandillero recibió mensualmente dinero del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, conocido como PATI, un supuesto ‘programa social’ impulsado por el gobierno de Funes, bajo la fachada de ayudar a jóvenes», añadió Villatoro.
A juicio de Villlatoro, con dicho programa «se le pagó 100 dólares cada mes a 400 pandilleros» en el municipio de Ilopango y 350 en San Martín, ambos localidades pertenecientes al departamento de San Salvador.
De acuerdo con el portal web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este programa estaba destinado a «personas mayores de 16 años sin un empleo formal», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
«El PATI contempla un apoyo económico individual, durante los seis meses de duración del proyecto comunitario y un fortalecimiento de la empleabilidad mediante la formación vocacional», se indica en el sitio.
La captura del presunto pandillero se da en el marco de un régimen de excepción, medida implementada para combatir a las pandillas y que se ha convertido en la principal acción de seguridad del gobierno de Nayib Bukele contra las maras.
El Salvador se encuentra bajo este régimen aprobado y ampliado en 22 ocasiones por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, a petición del Gobierno desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
En este contexto, las autoridades han reportado más de 75,100 detenciones, la libertad condicional de más de 7000 personas, a pesar que el Gobierno acusa a todos de ser pandilleros.
Las organizaciones sociales registran más de 6000 víctimas directas de atropellos, entre ellos detenciones arbitrarias y torturas, y la muerte de más de 200 personas detenidas.
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