Un tribunal peruano ordenó este martes 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del presidente de Perú, Pedro Castillo, quienes son investigados por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La medida comprende a los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, y a los empresarios Víctor Valdivia, Edgar Vargas, Zamir Villaverde y Luis Carlos Pasapera, según precisó la Fiscalía en Twitter.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud presentada por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.
La resolución ordenó que se emitan las órdenes de ubicación y captura contra Vásquez, Castillo y Pacheco «quienes se encuentran en calidad de no habidos», remarcó el Ministerio Público.
Se dictó en el marco de las investigaciones fiscales sobre presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Según la Fiscalía, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
La Fiscalía consideró las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien indicó que los sobrinos de Castillo, junto a Pacheco, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.
A fines de marzo, la Justicia ya había ordenado la detención preliminar por diez días contra 11 implicados y al menos tres fueron capturados, entre ellos el empresario Zamir Villaverde, mientras que otros tres se pusieron a disposición del Poder Judicial, pero tanto Pacheco como los sobrinos del presidente no lo han hecho.
Todos ellos fueron citados en las declaraciones que brindó en febrero pasado a la Fiscalía la empresaria López, quien comprometió al presidente y personas cercanas a su entorno en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
La aspirante a colaboradora de la Justicia, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en Perú, dijo que Castillo buscaba usar ese dinero para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Castillo rechazó «tajantemente» estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder.
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