Por el delito de delincuencia organizada una jueza federal mexicana dictó este miércoles formal prisión contra ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa y alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos (unos 2900 dólares).
Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.
Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, en el céntrico Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.
Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.
La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.
Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, aseveró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.
La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
La investigación desacreditó la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.
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