Una corte de justicia de Ecuador dictó este viernes prisión preventiva contra Jorge Glas —que fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017)— acusado de malversación y que se encuentra en la embajada de México en Quito, a la espera de que se tramite una petición de asilo.
El juez Felipe Córdova acogió la petición de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y dictó el auto de prisión preventiva contra Glas y otro imputado en el mismo caso, Carlos B., mientras que para Pablo O dispuso una prohibición de salida del país.
«Juez acoge el pedido —legalmente fundamentado— de Fiscalía y dicta prisión preventiva contra Jorge G. y Carlos B., mientras que a Pablo O. le dispone prohibición de salida del país y presentación periódica», precisó el Ministerio Público en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red X.
Los tres han sido vinculados por la Fiscalía en un caso que investiga un supuesto delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de la provincia costera de Manabí, azotada por un potente terremoto de magnitud 7.8 en abril de 2016.
La Fiscalía ha presentado durante la audiencia 85 elementos de convicción (pruebas) contra los procesados, según señaló la propia entidad.
La audiencia se instaló en su cuarto intento, «7 meses después de que Fiscalía solicitara fecha y hora para formular cargos, y más de un mes después de que el juez Luis Rivera pidiera ‘autorización’ a la Asamblea para procesar al exvicepresidente Jorge G.», añadió.
En el llamado caso «Reconstrucción», la investigación de la Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Glas, quien fue vicepresidente en parte de los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), ingresó el pasado 17 de diciembre en la embajada de México, en Quito —aunque no pesaba sobre él ninguna orden de prisión, según la Fiscalía— y tres días después solicitó asilo diplomático al país azteca.
Este exvicepresidente estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel al haber sido condenado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis años por otro de asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Glas ha dicho que buscará revertir ese caso después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas usadas por Odebrecht, que han afectado a políticos de ese país (incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva) y a otros de la región.
En diciembre pasado, Sonia Vera, del equipo de defensa internacional de Glas, consideró que su defendido sería llamado a juicio en el caso «Reconstrucción», pese a que él no manejaba recursos, sino que era parte de una comisión que «simplemente priorizaba los proyectos».
Vera cuestionó por qué no lo procesaron en este caso cuando estuvo en prisión.
«Hemos denunciado durante estos seis últimos años una cruenta persecución jurídica y política en contra de mi cliente», dijo Vera al apuntar que esto presuntamente se exacerbó tras la petición del movimiento correísta Revolución Ciudadana de emprender un juicio político en el Parlamento contra la fiscal Diana Salazar, acusada de un presunto «incumplimiento de funciones».
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