Una coalición de estados está demandando al presidente Donald Trump y a su administración por la reasignación de USD 3800 millones, de fondos, para que el Pentágono construya el muro a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
En febrero, el Departamento de Defensa (DOD) anunció que los fondos, reasignados para la construcción de cerca de 177 millas (285 kilómetros) de vallado en la frontera, son «necesarios para proporcionar apoyo a las actividades antidrogas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)», según una solicitud enviada al Congreso (pdf). El dinero se asignó originalmente al DOD para recursos y equipos que irían al departamento y la Guardia Nacional y para el fondo de Operaciones de Contingencia en el Extranjero (OCO) del Pentágono.
El Fiscal General de California, Xavier Becerra, y otros 18 fiscales generales presentaron la demanda (pdf) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el norte de California, desafiando la medida de la administración. La demanda argumenta que la reasignación de fondos es inconstitucional porque viola la separación de poderes y el poder del Congreso sobre los recursos. También argumentaron que la administración viola la Ley Nacional de Política Ambiental, al no considerar el impacto ambiental de la construcción del muro.
Los estados también sostienen que la reasignación «afectaría significativamente la capacidad y la habilidad» de las Unidades de la Guardia Nacional en todo el país y pondría en riesgo los proyectos de construcción militar.
«El Congreso rechazó reiterada y explícitamente la financiación de los contribuyentes para un derrochador muro de Trump a lo largo de la frontera», dijo Becerra en un comunicado anunciando la demanda. «Vamos a ir a los tribunales, una vez más, para recordarle a Donald Trump que, incluso, el presidente no está por encima de la ley».
El año pasado una coalición similar, de 16 estados, presentó una demanda en California contra la administración Trump por su plan de reasignar fondos hacia la frontera. Este caso está pendiente de apelación ante el noveno circuito.
Trump declaró una emergencia nacional, en febrero del año pasado, para abordar la crisis humanitaria en la frontera suroeste y obtener fondos para la construcción del muro fronterizo. La declaración de emergencia se hizo en un momento en que Estados Unidos se enfrentaba a una afluencia de inmigrantes ilegales, que abrumó las instalaciones y el sistema de inmigración, todos ellos procedentes de la frontera sur. Mientras tanto, los narcotraficantes y los carteles aprovechaban la frontera porosa para introducir grandes cantidades de drogas en el país, contribuyendo a una crisis de opioides ya devastadora. Construir el muro fronterizo fue una de las promesas clave de la campaña de Trump.
Después de que la administración anunció que destinaría casi USD 4000 millones al muro, varios legisladores de los dos partidos políticos más importantes se pronunciaron.
El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith (D-Wash.), acusó a Trump de estar «obsesionado» con el cumplimiento de una promesa de campaña «a expensas de nuestra seguridad nacional».
Del mismo modo, un miembro del comité, Mac Thornberry (R-Texas), dijo en un comunicado que trabajaría con sus colegas para determinar los «pasos apropiados a seguir».
«La reprogramación [de recursos] anunciada hoy es contraria a la autoridad constitucional del Congreso, y creo que requiere que el Congreso tome medidas», dijo Thornberry en ese momento.
California se une a los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin en la demanda judicial.
Desde que asumió el cargo, la administración Trump se ha enfrentado a un número sin precedentes de demandas estatales, principalmente de estados liderados por demócratas, contra una serie de políticas clave del gobierno. A partir del 1 de febrero, la administración ha enfrentado 103 demandas, según los datos recopilados por el Dr. Paul Nolette, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Marquette. Comparativamente, el gobierno de Obama enfrentó 25 demandas en su primer mandato y 53 en su segundo mandato. Mientras tanto, la administración Bush enfrentó 35 demandas en su primer mandato y 41 en su segundo mandato.
Nolette también descubrió que la mayoría de las demandas multiestatales están dirigidas por Nueva York o California.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre la demanda.
Ivan Penchoukov e Isabel van Brugen contribuyeron a este informe.
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