Dieciséis estados demandaron a la administración Biden por un nuevo programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes ilegales.
El programa, que concede la libertad condicional a muchos inmigrantes ilegales que están casados con ciudadanos estadounidenses, “está diseñado para eludir los requisitos legales que piden que quienes no tienen su estatus legal dentro de Estados Unidos salgan del país y soliciten un visado de inmigrante en una embajada o consulado de EE.UU. en el extranjero”, alegan Texas y otros 15 estados en la demanda del 23 de agosto.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los funcionarios federales la capacidad de conceder la libertad condicional a los inmigrantes ilegales si los funcionarios encuentran “razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.
Pero la ley dice que a los inmigrantes se les concede la libertad condicional “para entrar en Estados Unidos”, lo que, según los estados, significa que no pueden estar ya en el país.
La ley también establece el uso de la libertad condicional caso por caso. Según la ley, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) “no puede utilizar ese poder para conceder la libertad condicional a extranjeros en masa”, según dictaminó la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., señala la demanda.
Los estados también señalaron que la ley permite conceder la libertad condicional temporalmente, pero el nuevo programa está dirigido a permitir que los inmigrantes ilegales estén permanentemente en el país.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó en un comunicado que “la nueva solución de Biden para la libertad condicional concede unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no investigados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes”. “Esto viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está perjudicando a Texas y a nuestro país”.
America First Legal es co-asesor en el caso.
“Hoy, estamos orgullosos de representar a una coalición de dieciséis estados en la presentación de una demanda para bloquear un programa de amnistía inconstitucional de Biden-Harris”, dijo Stephen Miller, presidente del grupo, en un comunicado. “Esta amnistía ejecutiva da a más de un millón de ilegales estatus legal, permisos de trabajo y un camino hacia la ciudadanía con derecho a voto. Es descaradamente ilegal, un acelerador mortal de la ruinosa invasión fronteriza, y utilizaremos todas las herramientas legales para detenerla”.
A Texas se unieron Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
La demanda se presentó ante la Corte federal de Tyler. En ella se pide que impida temporalmente al gobierno aplicar el nuevo programa mientras se celebra un juicio y que, en última instancia, decrete que el programa viola la ley federal y lo bloquee permanentemente.
“”El Departamento de Seguridad Nacional se ha comprometido a mantener a las familias unidas”, dijo un portavoz del DHS a The Epoch Times en un correo electrónico. “Keeping Families Together se basa en una autoridad legal bien establecida, y su propósito (permitir a las familias de ciudadanos estadounidenses vivir sin miedo a la separación) es coherente con los valores fundamentales de Estados Unidos. La defenderemos en los tribunales. El DHS sigue tramitando las solicitudes ya presentadas, y aceptando y tramitando nuevas solicitudes”.
El DHS afirmó que tiene capacidad para conceder la libertad condicional a inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, citando dictámenes jurídicos del DHS que interpretan la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Biden anunció el programa en junio, diciendo que se trataba de “mantener unidas a las familias”.
El DHS empezó a aceptar solicitudes el 19 de agosto.
El programa está abierto a inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses y que lleven viviendo en Estados Unidos al menos 10 años. Los hijos de inmigrantes ilegales también pueden solicitar ser aceptados en el programa.
El gobierno calcula que unos 500,000 cónyuges y 50,000 hijos pueden acogerse a la ayuda. Los estados calculan que podría proteger de la deportación a más de 1.3 millones de inmigrantes ilegales.
El programa suscitó críticas de algunos legisladores y grupos, entre ellos el Centro de Estudios de Inmigración. Otros, sin embargo, lo han elogiado.
“Las familias no deberían verse separadas durante años por culpa de un sistema de inmigración que no funciona”, dijo el senador demócrata Alex Padilla en un comunicado tras la apertura del programa. “Gracias a las acciones de la Administración Biden-Harris, miles de familias estadounidenses de estatus mixto pueden quedarse y planear un futuro juntos”.
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