Un grupo de fiscales generales estatales republicanos está refutando los comentarios del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, hechos en marzo en una iglesia en Selma, Alabama, donde discutió el uso del Departamento de Justicia (DOJ) para interferir en las leyes estatales de votación.
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, en una carta apoyada por otros 15 fiscales republicanos, incluidos Ken Paxton de Texas y Liz Murrill de Luisiana, afirmó que los comentarios del Sr. Garland son “preocupantes”.
“En su discurso, usted afirmó que la democracia está siendo atacada por ‘restricciones discriminatorias, onerosas e innecesarias al acceso a las urnas’”, escribió Rokita. “En respuesta a estas acusaciones, usted anunció que ‘duplicó el número de abogados en la división de derechos civiles’ y ‘lanzó el Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia’, señalando su intención de inmiscuirse en la autoridad de nuestros estados”.
El Sr. Rokita denominó esto como una “instrumentalización del Departamento de Justicia” alimentada por las opiniones personales de Garland. Calificó esta “instrumentalización” como una “seria amenaza a los principios del federalismo y la separación de poderes, pero también a la democracia y el estado de derecho”.
En la carta, Rokita dijo que la Constitución de Estados Unidos es clara en su dirección de dejar las elecciones estatales en manos de los representantes electos de esos estados.
«Cualquier subversión de estos mandatos claros estaría socavando nuestra Constitución y la ley y el orden», escribió. «Y creemos que sus comentarios socavan estos principios de varias maneras».
El Sr. Garland le dijo a la audiencia en la Iglesia Bautista Tabernacle que su Departamento de Justicia está desafiando las leyes estatales que, según él, imponen restricciones innecesarias a los votantes negros. Dijo que los votantes negros están privados de sus derechos debido a estas restricciones al voto por correo, el uso de buzones y la identificación de votantes.
“Es por eso que estamos trabajando para bloquear la adopción de planes de redistribución de distritos discriminatorios que diluyen el voto de los votantes negros y otros votantes de color”, dijo Garland. “Estamos responsabilizando a las jurisdicciones que no brindan centros de votación accesibles para votantes con discapacidades. Estamos defendiendo la capacidad de los particulares, no solo del gobierno, de presentar demandas en virtud de las disposiciones clave de la Ley de Derecho al Voto y la Ley de Derechos Civiles de 1964”.
Fraude electoral: «Muy real»
El Sr. Rokita se refirió a la declaración del Sr. Garland sobre las leyes de identificación de votantes, afirmando que, contrariamente a la afirmación del Sr. Garland respecto a que son discriminatorias, lo que hacen es prohibir el fraude electoral, un delito que calificó como “muy real”, e hizo referencia a varios sucesos relacionados a dicho delito.
“Con estos repetidos casos de fraude electoral, el Departamento de Justicia debería defender estas leyes y alentar su aplicación”, dijo Rokita. «Las personas deben utilizar una identificación para demostrar su identidad al conducir un automóvil, abordar una aerolínea, comprar cigarrillos o comprar alcohol, y ninguno de estos requisitos de identificación se considera ‘discriminatorio’ o ‘gravoso’. Exigir una identificación para votar en las elecciones no es algo diferente”.
Luego criticó la afirmación del Sr. Garland de que los estados imponían “restricciones innecesarias” a la votación por correo y a los buzones.
“Existen numerosos riesgos de seguridad con la votación por correo y los buzones, y estos métodos de votación han llevado a la proliferación del fraude electoral”, dijo, citando múltiples casos.
Luego hizo referencia al comentario del Sr. Garland en el que dijo que la Ley de Derecho al Voto (VRA) había sido debilitada por la legislación.
«Esta afirmación es objetivamente incorrecta», dijo. “Cuando se promulgó la VRA en 1965, un número limitado de jurisdicciones requirieron supervisión federal a sus leyes electorales estatales para combatir la discriminación. La intención original de la VRA era garantizar que los derechos de los estadounidenses no fueran infringidos en las urnas por motivos de raza”.
La ley señalaba justificadamente a los estados que restringían el derecho al voto, pero siempre había pretendido ser una «legislación temporal”.
“La Ley de Derecho al Voto no está siendo atacada”, dijo Rokita. “Las medidas de seguridad electoral aprobadas por los gobiernos estatales no ‘hacen que la votación sea más difícil’ ni desmantelan el derecho al voto. En cambio, las leyes electorales de sentido común fortalecen nuestro proceso electoral para garantizar que se lleven a cabo elecciones libres y justas entre los estados; especialmente porque el fraude electoral existe”.
Sin embargo, el derecho al voto está siendo atacado por funcionarios electos progresistas, dijo, que están permitiendo que los extranjeros ilegales voten en las elecciones.
«En algunos casos, los tribunales declararon que estas leyes eran inconstitucionales, y con razón», afirmó.
Los fiscales generales estatales deben defender sus leyes, dijo, sobre todo en un momento en que la política fronteriza de la administración Biden los ha hecho vulnerables a intrusiones y violaciones de la soberanía.
“Finalmente, como usted menciona, el Departamento de Justicia está ‘contraatacando’ estas medidas de seguridad electoral de sentido común aprobadas por los estados de numerosas maneras”, dijo.
La ampliación de abogados federales en la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el grupo de trabajo electoral sugiere una interferencia federal que va en contra de lo que se supone que es una república constitucional, escribió.
«La ampliación del Departamento de Justicia sirve como un ataque directo al papel de los estados en la regulación de las elecciones», dijo. “En lugar de trabajar con los estados para asegurar las elecciones, usted sugiere instrumentalizar al DOJ a través de la división de derechos civiles para socavar cualquier cosa que usted subjetivamente crea que es una ‘amenaza [a] la democracia’”.
Rokita dijo que a Garland solo le preocupa utilizar el Departamento de Justicia para aumentar el voto del Partido Demócrata.
“Y al utilizar el sistema de justicia de esta manera, se menoscaban los principios democráticos que dicen defender”, dijo.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia en busca de comentarios.
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