Nueve gobernadores se unieron este miércoles al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en la frontera entre Estados Unidos y México. El grupo pidió al presidente Joe Biden que tome 10 pasos para abordar la deteriorada crisis fronteriza.
“Necesitamos que Joe Biden dé un paso al frente y lidere. Podemos hacer esto mediante la promulgación de políticas de sentido común”, dijo la gobernador de Iowa, Kim Reynolds, una republicana, a los periodistas en la conferencia de prensa en Mission, Texas.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, otro republicano, agregó: “O no está dispuesto a resolver esta crisis o no sabe cómo. Por eso estamos aquí para ofrecer soluciones».
El grupo quiere que la administración de Biden reimplemente completamente el programa de «Permanecer en México», que reduce la inmigración ilegal; reanude la construcción del muro fronterizo; detenga la liberación de inmigrantes ilegales en el interior de Estados Unidos; designe jueces adicionales y otros recursos para eliminar la creciente acumulación de casos de asilo; y desplegar más oficiales federales en la frontera.
Los gobernadores también instan a Biden y a otros altos funcionarios a «declarar clara e inequívocamente que las fronteras de nuestro país no están abiertas», a que continúen usando los poderes del Título 42 por la pandemia para expulsar a inmigrantes ilegales, reingresen acuerdos con los países del Triángulo del Norte y México, reanuden la deportación de todos los criminales, y destinen recursos federales para abordar el tráfico de personas y de drogas.
Ellos han presionado a Biden para que se reúna con ellos en persona, pero hasta ahora se ha negado.
Los principales funcionarios de la administración de Biden han defendido su enfoque para la aplicación de la ley de inmigración, argumentando que el sistema de la era de Trump era cruel e inhumano, y que se necesita tiempo para reformarlo.
Los partidarios dicen que el sistema renovado trata mejor a los inmigrantes y representa mejor los valores estadounidenses. Pero los críticos señalan que el número vertiginoso de cruces fronterizos ilegales ha estado acompañado por el tráfico de drogas, el tráfico de personas, y enfermedades transmisibles, incluido el COVID-19. También señalan que algunas de las acciones de la administración Biden violan la ley federal y las órdenes judiciales, incluido el anuncio de la administración de que finalmente terminará con el programa «Permanecer en México», desafiando a la Corte Suprema.
“Quiero dejar en claro que mientras Biden sigue titubeando, Texas y otros estados están tomando medidas para hacer el trabajo del gobierno federal”, dijo Abbott.
Texas está tomando medidas fuertes contra la aplicación de la ley fronteriza, asignando USD 3000 millones al problema y desplegando miles de personal de la Guardia Nacional y oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El estado también está enfatizando el arresto de inmigrantes ilegales, encarcelándolos por cargos de allanamiento de morada.
Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones y demandas de los gobernadores.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas el 5 de octubre que el gobierno federal está trabajando con las autoridades de Texas para prepararse para una oleada de decenas de miles de haitianos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México.
“Seguimos teniendo los factores de empuje para decirle a la gente, ‘Este no es el momento de venir’, y vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo anteriormente”, dijo.
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