El procurador de la Nación (fiscal general) de Panamá, Eduardo Ulloa, anunció este miércoles inesperadamente su dimisión, en los albores de su mandato y con varios escándalos y casos de corrupción estancados y sin visos de solución judicial.
La dimisión de Ulloa se conoció como un rumor, para pasar inmediatamente a las redes sociales y ser confirmada finalmente por fuentes oficiales, que anunciaron que en las próximas horas será emitido un comunicado formal explicando el hecho.
Ulloa dimite en medio del escándalo de los albergues de menores, supervisados y financiados por el Estado y en los que se han denunciado abusos que llegan hasta la violación de niñas a las que supuestamente se les obligó a abortar tras quedar embarazadas.
El ya exprocurador, que asumió su cargo en enero de 2020 para un mandato de 5 años, tampoco ha podido dar solución de salida judicial a, entre otros, los casos de corrupción de las multinacionales Odebrecht y FCC, por los que apenas hay dos personas en prisión condicional, entre varios decenas de investigados e imputados.
Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de cobrar coimas de la empresa, y Juan Carlos Varela (2014-2019), acusado de haber recibido de la constructora financiación ilícita para sus campañas electorales.
A juicio del analista y constitucionalista Ernesto Cedeño, el exprecurador Ulloa «no hizo la diferencia en el ejercicio del cargo» que ejerció por poco más de un año, tomando en cuenta que en Panamá «no hay certeza del castigo» y se «requiere una reingeniería del sistema judicial, que tiene entre sus pilares al Ministerio Público».
«Espero que el próximo procurador general que nombre el Ejecutivo tenga la integridad, independencia y el valor, para poner en orden la casa, para lo cual se requiere a un Ministerio Público eficiente en el ejercicio del cargo», dijo Cedeño en declaraciones a Efe.
Hasta tanto sea designado el nuevo procurador general, lo que no se sabe cuándo ocurrirá, el cargo debe asumirlo su suplente, el actual fiscal de drogas Javier Caravallo, agregó el experto constitucionalista.
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