Diputado venezolano denuncia el ‘Arco Minero de la Muerte’ del régimen de Nicolás Maduro

Por Anastasia Gubin
14 de diciembre de 2019 2:20 PM Actualizado: 14 de diciembre de 2019 2:34 PM

El parlamentario venezolano exiliado Américo De Grazia, denunció ante diputados españoles que la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional llamada “Arco Minero del Orinoco” por parte del régimen chavista, se ha transformado en un “Arco Minero de la Muerte”.

La zona designada por decretos del fallecido Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, pasó del 12% a ocupar el 50% del territorio nacional, según De Grazia, quien ha definido esta región amazónica como una «apocalíptica» zona rica en oro, diamantes y coltán, y la ha descrito como “la muerte en el más absoluto y lineal de los conceptos”, de acuerdo a su publicación a través de la Organización El Causar.

El 13 de noviembre abordó el tema con las diputadas del Congreso Español Cayetana Álvarez de Toledo y Valentina Martínez, ambas del Grupo Popular, y con los diputados Diego Cruz y Borja Sarasola, del Partido Socialista, con el objeto de denunciar el ecocidio del régimen de dictadura socialista de Nicolás Maduro.

“Esta mancha minera se extiende criminalmente por más del 50% de nuestro territorio nacional”, explica en su informe, pese a que el decreto inicial que intentó legalizar esta operación extractivista le adjudicó al régimen el 12% del territorio nacional.

Eso era “ya era un exabrupto al ocupar de manera fáctica, para el ecocidio, un espacio superior al territorio de Cuba o Panamá, Bélgica o Portugal”, afirmó.

Con fecha 24 de febrero de 2016, el régimen chavista designó la denominada “Zona de desarrollo estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, con una extensión de 111.846,76 kilómetros cuadrados (aproximadamente 12 millones de hectáreas), con el decreto 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40855.

La Asamblea Nacional en su informe de 2017 destaca que el 14 de junio de 2016 aprobó un acuerdo por medio del cual “desconoció y negó la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional, para la ejecución del decreto 2.248.

De Grazia indica que el régimen de Nicolás Maduro pese a todo extendió el área que se habían asignado. “Sobrepasó esas fronteras hasta destinar insólitamente un territorio de 458.345 km2, equivalente a 10 países europeos, entre los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Sin agregar lo que ya se adelanta en Carabobo y Mérida”.

El diputado advierte que “esta tragedia agrede de modo directo” a parques como Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Yapacana y a los nacientes del río Orinoco, en Amazonas. Además afectarían gravemente al lago de Guri, fuente de la hidroeléctrica más importante de Venezuela.

De otra parte, el conflicto “ha desatado la peor ola de violencia registrada en nuestra historia contemporánea, imponiendo la pena de muerte, masacres y mutilaciones con una crueldad nunca antes vista en nuestro país”.

Dejada en el abandono social, la zona del ‘Arco Minero de la Muerte’ también representa la región con el mayor índice de malaria en el mundo.

Uno de los problemas más graves que originó fue la huida masiva de indígenas, muchos de ellos a Brasil

“El desplazamiento de nuestros pueblos indígenas originarios es una patética realidad y su “neo-colonización” los convierte en actores de su propia destrucción al inducirlos a ser agentes depredadores de su hábitat para finalmente condenarlos al éxodo y convertirlos en colonizadores de vertederos de basura o limosneros de semáforos”, sostiene De Grazia.

“Añádanle a ese cóctel de la muerte, la presencia inoculada de terroristas y pranes, como agentes de retención y operadores mineros, no sólo de oro, sino de coltán y diamantes, tutelados por una élite militar que no profesa lealtad a la Constitución sino complicidad con la narcodictadura”.

De Grazia advierte que la empresa Minerven es la única concesionaria aurífera con licencia para trabajar constitucionalmente. “De modo que para el resto de los minerales, diamante y coltán, (…) el saqueo oficial es ejecutado sin ingresar un solo dólar al fisco nacional”, añadió.

En agosto el diputado Ramón Flores, anunció que una comisión de la Asamblea Nacional presentará ante la Corte Penal Internacional delitos de lesa humanidad que personeros del gobierno vienen cometiendo en el Arco Minero. «Explotan en forma indiscriminada, el oro, el diamante, las bauxitas  y otros minerales, cuyo dinero no llega al pueblo, sino que  toda esa fortuna sale por los caminos verdes y llegan a los Países Bajos e Islas Caimán», según el legislador.

Esta semana se encuentra en Madrid una delegación de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela en el marco de la cumbre mundial del clima, COP25, donde se ha reunido con diferentes países para denunciar «el ecocidio» en el Arco Minero, especialmente en manos de familiares del líder socialista Nicolás Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra y militares fieles al Gobierno venezolano, según reporta la agencia Efe.

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