Más de una centena de diputados brasileños aprobaron este jueves presentar una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para crear una comisión que investigue el presunto abuso de autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.
Un grupo de 185 diputados federales, encabezados por el diputado Marcel van Hattem del Partido Novo, se adhirieron a la petición de apertura de la comisión que investigue a las cortes superiores.
“Se solicita la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación, con el fin de investigar el violación de los derechos y garantías fundamentales, la práctica de conductas arbitrarias sin la observancia de el cumplimiento del debido proceso legal, incluyendo la adopción de censuras y actos de abuso de autoridad por parte de los miembros del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Supremo Federal”, se lee en el documento presentado este jueves, que inicialmente fue suscrito por 181 diputados federales de distintos partidos políticos.
“En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, se han producido numerosas violaciones a los derechos y garantías individuales en contra de los ciudadanos brasileños, políticos y también contra personas jurídicas, perpetrados por ministros de los tribunales superiores (…) por quienes precisamente tendrían el deber del pleno ejercicio de estos derechos y a no violarlos”.
Los casos de abusos que incluye el documento son el allanamiento a las viviendas de empresarios que compartieron mensajes en una aplicación de mensajería, el bloqueo de cuentas bancarias de 43 personas y empresas “sospechosas de financiar actos antidemocráticos”; y la censura contra parlamentarios, el economista de Harvard Marcos Cintra, a la productora Brasil Paralelo, a la emisora Jovem Pan, y al periódico Gazeta do Povo.
Posteriormente, van Hattem anunció que se había conseguido el apoyo de 185 diputados, superando el número mínimo exigido, y que la solicitud ya se había presentado a la CPI.
El diputado federal dijo que confía en que la comisión se instale a fines de este año, según el medio independiente Jovem Pan.
A inicios de noviembre se dio a conocer que las cuentas de Nikolas Ferreira, el diputado más votado en las elecciones de Brasil; Carla Zambelli, diputada desde 2019; y el diputado Gustavo Gayer, también habían sido suspendidas dentro de Brasil. The Epoch Times pudo comprobar que la suspensión se llevó a cabo solo dentro Brasil, ya que se podía acceder a los perfiles desde otros países.
La solicitud de los diputados ocurre mientras miles de brasileños continúan saliendo a las calles a protestar en contra del resultado de las elecciones presidenciales en las que el candidato de izquierda Lula Da Silva resultó electo.
Los cuestionamientos de la inconsistencia de las máquinas electorales se han agudizado por la presentación de algunos informes, como el del grupo independiente Brazil Was Stolen, que señaló problemas en las máquinas de votación de los comicios brasileños.
Por su parte, el Partido Liberal (PL) del presidente Bolsonaro pidió invalidar los resultados de las urnas electrónicas de modelos más antiguos, que son cerca del 61 por ciento, señalando que son imposibles de auditar.
Sin embargo, este miércoles el Tribunal Superior Electoral (TSE) impuso al PL una multa por unos USD 4.3 millones por pedir la anulación de votos y considerarlas un «litigio de mala fe».
Con información de EFE.
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