El director de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), Michael Carvajal, renunció a su trabajo luego de que se revelara que más de 100 trabajadores de la agencia de aplicación de la ley han sido arrestados, condenados o sentenciados por delitos desde 2019.
Carvajal dijo esta semana que había informado al fiscal general Merrick Garland del Departamento de Justicia (DOJ) que dejaría el cargo. Sin embargo, Carvajal ocupará un cargo interino hasta que se encuentre un reemplazo para él. No está claro cuánto tiempo llevará ese proceso.
«Estamos muy agradecidos por el servicio del director Carvajal al departamento durante las últimas tres décadas», dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, en un comunicado. «Su experiencia operativa y su profundo conocimiento de la Oficina de Prisiones, el componente más grande del departamento, ayudó a dirigirlo durante tiempos críticos, incluso durante esta pandemia histórica».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para recibir comentarios sobre la salida del funcionario.
Carvajal comenzó su carrera en la oficina en 1992 como oficial correccional en la Institución Correccional Federal, Three Rivers, en Texas, antes de ascender a puestos de liderazgo. Se desempeñó como subdirector de la División de Programas Correccionales justo antes de su nombramiento como director el 25 de febrero de 2020, poco después de que comenzara el brote de COVID-19.
Carvajal se ha enfrentado a fuertes críticas con respecto al liderazgo que desempeñó en la agencia durante la pandemia, en la que las cárceles atestadas y a menudo superpobladas se convirtieron en puntos críticos y áreas de súper propagación del virus.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que los reclusos en cárceles y prisiones tienen un «mayor riesgo» de contraer COVID-19 debido a la incapacidad de mantener la distancia social.
Un informe de Associated Press del mes pasado también reveló que la Oficina Federal de Prisiones, que tiene un presupuesto anual de casi USD 8000 millones, aparentemente había ignorado la mala conducta de sus empleados, incluidos los casos de abuso, soborno y corrupción.
Los casos incluyeron un alcaide acusado de abuso sexual, un alcaide asociado acusado de asesinato y guardias que tomaron efectivo para contrabandear drogas y armas, entre otros, según el informe.
El informe también señala que dos tercios de los casos penales contra el personal del Departamento de Justicia en los últimos años han implicado a trabajadores de prisiones federales, a pesar de que éstos representan menos de un tercio de la plantilla del departamento.
En 2021, 28 de los 41 arrestos realizados fueron a empleados o contratistas de la BOP, según el informe, mientras que cinco fueron del FBI. La Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos registraron el arresto a dos de sus empleados.
El DOJ, en un comunicado a AP en ese momento, dijo que «no tolerará la mala conducta del personal, en particular la mala conducta delictiva» y que está «comprometido a responsabilizar a cualquier empleado que abuse de una posición de confianza, lo que hemos demostrado a través de enjuiciamientos penales federales y otros medios».
Sin embargo, los hallazgos del informe llevaron a un aumento de las críticas de los funcionarios sobre la forma en que Carvajal llevó a cabo su cargo, mientras que los legisladores, incluido el presidente del Comité Judicial del Senado, pidieron que renunciara.
El senador demócrata Dick Durbin (D-IL) instó al fiscal general Merrick Garland a destituir a Carvajal por una serie de razones, incluida su incapacidad para “proteger al personal de la BOP y a los reclusos de la pandemia de COVID-19 y no abordar la escasez crónica de personal», entre otros argumentos.
“Ya es hora de que el fiscal general Garland reemplace al director Carvajal por un director de mentalidad reformista que no sea producto de la burocracia de la BOP”, dijo Durbin. “Tenemos una nueva administración y una nueva oportunidad para reformar nuestro sistema de justicia penal. Está claro que hay muchas cosas que van mal en nuestras cárceles federales y necesitamos arreglarlo con urgencia. Ese esfuerzo debe comenzar con un nuevo liderazgo”.
Carvajal defendió su manejo al brote de COVID-19 en las cárceles durante una entrevista hecha en abril de 2020 con CNN.
«No creo que nadie estuviera preparado para este COVID, así que lo estamos afrontando tan bien como cualquier otro, y me enorgullecería decir que lo estamos haciendo bastante bien», dijo Carvajal. «Es fácil criticar esos puntos conflictivos, pero nosotros no controlamos eso», dijo. «Sólo podemos controlar a las personas que están dentro de nuestras instituciones, y para ello ponemos las cosas en su sitio».
Tras la noticia de la renuncia de Carvajal, Coley, el portavoz del DOJ, le dijo a CNN en un comunicado: “Estamos muy agradecidos por el servicio del director Carvajal al departamento durante las últimas tres décadas. Su experiencia operativa y su profundo conocimiento de la Oficina de Prisiones, el componente más grande del departamento, ayudaron a dirigirlo durante tiempos críticos, incluso durante esta pandemia histórica».
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