El miércoles, Walt Disney Parks and Resorts demandó al gobernador republicano de Florida Ron DeSantis y a su junta de supervisión.
Según la demanda (pdf), presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Noroeste de Florida, el gigante de los parques temáticos acusa al posible candidato presidencial de 2024 de participar en «una campaña selectiva de represalias gubernamentales» como «castigo por el discurso protegido de Disney».
«A instancias del gobernador, la junta de supervisión del Estado ha pretendido ‘anular’ contratos de desarrollo notificados públicamente y debidamente acordados, que habían sentado las bases para miles de millones de dólares de inversión de Disney y miles de puestos de trabajo», afirma la demanda, añadiendo que la medida era «patentemente represalia, patentemente antiempresarial y patentemente inconstitucional».
La demanda también dice que DeSantis no planea detenerse ahí, señalando cómo su equipo «también planeaba ‘mirar cosas como impuestos en los hoteles’, ‘peajes en las carreteras’, ‘desarrollar algunas de las propiedades que posee el distrito’ con más parques de atracciones’, e incluso poner una ‘prisión estatal’ junto a Disney World'».
«Quién sabe», cita la denuncia a DeSantis. «Simplemente creo que las posibilidades son infinitas».
La batalla entre DeSantis y Disney comenzó hace casi dos años, cuando el parque temático familiar impuso la vacunación contra el COVID-19 para sus empleados en julio de 2021. El 18 de noviembre de 2021, DeSantis contraatacó firmando una legislación que prohibía efectivamente los mandatos de vacunación en el Estado del Sol.
En marzo de 2022 Disney cedió a la presión de los activistas LGBT para oponerse a la legislación del gobernador sobre los Derechos de los Padres en la Educación, apodada por los críticos como el proyecto de ley «No digas Gay». El CEO Bob Chapek envió un mensaje a todos los empleados «especialmente a nuestra comunidad LGBTQ +», disculpándose por no haber actuado antes, añadiendo que Disney pondría en pausa todas las contribuciones políticas en el estado. Disney se retractó diciendo que el proyecto de ley debe ser anulado por los tribunales.
En abril de 2022, DeSantis tomó represalias amenazando con derogar la Ley de Mejora de Reedy Creek de 1967.
La batalla continuó hasta que Disney finalmente presentó su demanda.
En la demanda se afirma que «Disney lamenta haber llegado a esta situación. Pero tras haber agotado todas las posibilidades de encontrar una solución, a la empresa no le ha quedado más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus empleados, clientes y socios locales de una campaña implacable para utilizar el poder del gobierno contra Disney como arma de represalia por expresar un punto de vista político impopular entre ciertos funcionarios del Estado».
The Epoch Times se puso en contacto con Disney y la oficina de DeSantis para pedirles comentarios.
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