Los hospitales que atienden a personas pobres instaron este 7 de agosto a la Corte Suprema para que estudie si están siendo estafados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU.
El caso Advocate Christ Medical Center contra Becerra se verá el próximo 5 de noviembre. El demandante principal es el Advocate Christ Medical Center de Oak Lawn (Illinois), y el demandado es el secretario del HHS, Xavier Becerra.
La cuestión es cómo calcula el HHS los pagos de Medicare a los «hospitales de participación desproporcionada» (DSH, por sus siglas en inglés), llamados así porque atienden a una «parte desproporcionada» de personas con bajos ingresos.
Más de 200 hospitales impugnaron la metodología de financiación del gobierno, pero la juez de distrito Tanya Chutkan confirmó la fórmula y desestimó la demanda el 8 de junio de 2022.
En otro litigio, la Corte Suprema se puso de parte del HHS y confirmó la fórmula en el caso Becerra contra Empire Health Foundation el 24 de junio de 2022.
Posteriormente, el 1 de septiembre de 2023, la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la sentencia de Chutkan.
Los hospitales presentaron una petición la Corte Suprema el 29 de diciembre de 2023, cuestionando el significado de la formulación utilizada por la corte en el caso Becerra contra Empire Health Foundation, y solicitaron a los jueces que aportaran mayor claridad. La corte accedió a la petición sin hacer comentarios el 10 de junio.
Dado que a menudo cuesta más tratar a pacientes con bajos ingresos, se promulgó una ley federal conocida como 42 U.S. Code [Sección] 1395ww para reembolsar a los hospitales DSH.
Según un nuevo escrito presentado por los hospitales el 7 de agosto, un hospital recibe pagos más elevados en función del número de días de hospitalización de pacientes mayores o discapacitados con bajos ingresos, «es decir, aquellos que ‘tienen derecho a las prestaciones de la parte A [de Medicare] y a las prestaciones de la Seguridad de Ingreso Suplementario [SSI]'».
En la sentencia del caso Empire, la Corte Suprema consideró que «con derecho a prestaciones [de la parte A de Medicare]» engloba a «todas las personas que cumplen los requisitos del programa [Medicare]», independientemente de si Medicare cubrió la estancia hospitalaria, sin embargo no resolvió la cuestión de si «con derecho a prestaciones [de la Seguridad Social]» abarca a todas las personas que cumplen los requisitos del programa de la Seguridad Social.
La posición del HHS es que sólo los pacientes que recibieron un pago en efectivo del SSI durante el mes de su estancia hospitalaria tienen «derecho a prestaciones».
Pero los hospitales sostienen que «con derecho a prestaciones» debería «significar lo mismo para Medicare parte A y SSI, de modo que incluya a todos los que cumplen los criterios básicos de elegibilidad para el programa, independientemente de que reciban o no prestaciones», afirma el escrito.
Debería «ser obvio» que «con derecho a prestaciones de SSI significa elegible o que cumple los requisitos para el programa SSI». Esta interpretación de la ley «tiene la virtud de medir realmente a la población de pacientes con bajos ingresos que el Congreso pretendía captar», dice el escrito.
La Procuradora General Elizabeth Prelogar presentó un escrito el 18 de abril, afirmando que la sentencia de la Corte de Circuito de DC en el caso «es correcta y no entra en conflicto con ninguna decisión de esta corte o de otra corte de apelación.»
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