El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles comenzó a investigar la posibilidad de dictar una medida electoral que permita a los no ciudadanos que residen allí a votar en las elecciones del Consejo Escolar.
El miembro del consejo, Kelly Gonez, originalmente introdujo la resolución en julio, la cual autorizaría a estudiar una potencial medida electoral para las elecciones de 2020 que extienda el derecho a votar a padres, tutores, abuelos y cuidadores de niños en el distrito. A inicios de este mes, el Consejo votó 6 a 0, a favor de la resolución.
«Pagan impuestos locales y federales. Son propietarios. Operan negocios. Son voluntarios en escuelas y contribuyen de incontables formas a nuestras comunidades, sin embargo, actualmente no pueden elegir sus representantes en el Consejo Escolar», dijo Gonez, según LAist.
Los grupos defensores de derechos de los inmigrantes elogiaron la decisión, argumentando que podría permitir a miles de padres, que actualmente no tienen derecho a votar, tener una voz en el distrito donde sus hijos van a la escuela.
El año pasado, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de California, dentro de un pequeño número de municipalidades en el país, en permitir que no ciudadanos voten en las elecciones locales del Consejo Escolar. La ciudad gastó USD $300,000 en registrar a no ciudadanos, aunque solo algunas docenas se anotaron. Algunos especulan que ésto se debe a que la ley de California hace pública la información de los votantes.
También en 2018, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Resolución 1071, la cual «reconoce que conceder a los inmigrantes ilegales el derecho a votar devalúa el sufragio y socava el poder de voto de los ciudadanos de EE. UU.», según el texto de la misma.
«En este país, el derecho a votar está reservado exclusivamente a los ciudadanos de Estados Unidos», tuiteó el Representante Doug LaMalfa (R-Calif.) luego de la votación. «Conceder a aquéllos que están aquí ilegalmente el derecho a votar en las elecciones americanas es nada más que una afrenta a los mismos principios sobre los que nuestra nación fue construida».
En el Sur de California, el 42 por ciento de los niños tienen al menos un padre inmigrante no ciudadano, establece la resolución del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés).
El miembro del Consejo Escolar, George McKenna, fue el único en abstenerse en la votación del LAUSD. Si bien apoya extender el derecho a votar a los no ciudadanos, expresó su preocupación de que el Distrito no sería capaz de proteger su privacidad si las autoridades federales requirieran esa información.
Mariana Magana, promotora de políticas públicas para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, también apoyó la idea de permitir votar a los no ciudadanos, pero comentó a EdSource que la privacidad de los padres de inmigrantes es un asunto serio.
«Eso siempre es una preocupación nuestra, creo, ya sea con esta situación o con cualquier información que nuestros miembros de la comunidad den a cualquier entidad gubernamental. Nuestra preocupación principal es cuáles son las protecciones legales detrás de ello, para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos [ICE, según sus siglas en inglés] no tenga acceso», dijo Magana.
Otros miembros del Consejo que votaron a favor de la resolución no comparten las mismas preocupaciones que McKenna y afirmaron que era urgente aprobarla.
«Tengo familiares indocumentados», dijo Gonez en la reunión del Consejo, según reportó LAist. «Nunca haría algo que los ponga en peligro y la insinuación de que eso no sea verdad es profundamente ofensivo».
Monica Garcia, miembro del Consejo, expresó que, en su opinión el consejo debería avanzar «incluso si somos incapaces de ofrecer protección a la gente». Agregó que las autoridades federales tienen otros medios, además de los registros de votantes, para acceder a la información de los no ciudadanos.
El grupo de investigación ahora se hará responsable de determinar cómo registrar no ciudadanos sin revelar sus domicilios a las agencias federales de inmigración, como el ICE. Asimismo, el grupo espera terminar su veredicto en seis meses.
La resolución no alcanza a otorgar el derecho al voto a los no ciudadanos y es un paso preliminar, dado que el proceso de aprobación podría tomar años. Para ello, sería necesario que el ayuntamiento de Los Ángeles, no el Consejo Escolar, proponga una medida electoral que otorgue a los no ciudadanos el derecho votar.
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