SACRAMENTO— Una serie de reclamos resonaron en la sala de una audiencia de la Comisión de Seguridad Pública del Senado el 25 de abril tras los comentarios que indicaban que el proyecto de ley diseñado para advertir a los traficantes de fentanilo de posibles cargos de asesinato, no seguiría adelante. Un familiar de una víctima gritó contra los representantes camino hacia la puerta de salida mientras los legisladores demócratas discutían entre sí por el texto de una enmienda.
«Siento frustración, irritación, desesperación y profunda simpatía por las familias que vinieron (…) esto me rompe el corazón», dijo el senador Tom Umberg (D-Santa Ana) a The Epoch Times. «Ellos no están haciendo esto por ellos mismos. Sus hijos se han ido».
El fracaso del proyecto de ley se produjo después de que su texto se reelaborara tras la decisión del comité por 4-1 votos de no aprobar la legislación el 28 de marzo.
«Estoy estupefacto», dijo Umberg en un comunicado de prensa del 25 de abril luego de la audiencia. «Es muy difícil comprender la opinión del comité sobre esta simple advertencia. Nosotros hemos trabajado en esta medida durante los últimos 6 meses, mantenido cientos de conversaciones y realizado numerosas rondas de enmiendas».
Después de que una larga fila de partidarios hablaran en persona y por teléfono durante la reunión del comité, Umberg, el coautor del proyecto de ley 44 del Senado —también conocido como Ley de Alexandra— defendió el texto de la propuesta en un debate con el senador Scott Wiener (D-San Francisco).
Lo que se cuestionaba era el texto de la propuesta, diseñado para parecerse a lo que se conoce como la amonestación Watson que se da a los condenados por conducir bajo los efectos del alcohol. La amonestación advierte al acusado de que cualquier condena futura con resultado de muerte puede dar lugar a cargos de asesinato.
Aunque el análisis de la comisión describía el texto propuesto como un «reflejo» de la actual ley sobre conducción bajo los efectos del alcohol, en la sesión se rebatió esa apreciación y se argumentó que no era lo mismo.
Wiener argumentó que el proyecto de ley potencialmente causaría que más personas de lo previsto recibirían la advertencia de asesoramiento, sometiéndolas a una amenaza de por vida de los cargos, incluido el de asesinato.
«Esto no es una advertencia. Esto se registra sobre la condena», desafió Wiener. «Comparar esto con la conducción bajo los efectos del alcohol no es una comparación justa».
Umberg se opuso rotundamente a su colega demócrata, insistiendo en que el lenguaje es un componente educativo, y no un castigo.
«Esto es una herramienta», dijo Umberg. «Esto tiene que ser un enfoque integral, de todos los esfuerzos».
Una serie de protestas y exabruptos de los familiares de las víctimas de sobredosis de fentanilo en respuesta al debate llevaron a la vicepresidenta, la senadora Rosilicie Ochoa Bogh (R-Yucaipa), a pedir orden y decoro en múltiples ocasiones durante la hora que duró el debate.
Matt Capelouto, padre de Alexandra, la víctima de envenenamiento por fentanilo que da el nombre al proyecto de ley, testificó ante el comité, diciéndo que estaba «furioso y conmovido».
Alexandra murió dos días antes de la Navidad de 2019 tras consumir cinco veces la cantidad letal de fentanilo oculta en una oxicodona falsificada.
Durante el debate, salió furioso de la sala de audiencias del Capitolio protestando ruidosamente por la falta de acción del comité.
«Es increíble lo que están haciendo ahí dentro», dijo Capelouto a The Epoch Times tras concluir la audiencia. «Esto es repugnante».
Por parte del público, la reunión se celebró a puerta cerrada, con una cola de gente esperando fuera para tener la oportunidad de entrar en el proceso.
Más de una docena de familiares afectados por el fentanilo hablaron en apoyo del proyecto de ley, y varios llevaban fotos de sus seres queridos fallecidos.
Muchos más llamaron para contar su historia al comité, y más de una docena terminaron su llamada con la pregunta: «¿Cuántos más tienen que morir para que ustedes actúen?».
A la vez, nunca hubo un momento en el que los cinco miembros del comité estuvieran presentes al mismo tiempo durante el debate. La presidenta del comité, la senadora Aisha Wahab (D-Hayward), y la coautora del proyecto de ley, Ochoa Bogh, se ausentaron debido a conflictos de su agenda y ninguno de los tres miembros restantes decidió votar sobre la legislación.
El resultado dejó el proyecto de ley sin una vía de avance. Es el segundo suceso de este tipo desde que fracasó por primera vez en el mismo comité el 28 de marzo. No habrá otra oportunidad para el proyecto de ley este año debido a la fecha límite del 28 de abril para que los legisladores consideren la legislación para el impacto fiscal.
«El comité pretendía acabar con el proyecto de ley, y así lo hizo», declaró Umberg a The Epoch Times. «Sus acciones hablan por sí solas».
La frustración en el público se hizo palpable, con una fila de familiares de las víctimas interviniendo y exigiendo la acción de la comisión, solo para ser silenciados por las reglas de orden.
«Este proyecto de ley cuenta con el apoyo de la mayoría de los senadores y, sin embargo, este comité de cinco está impidiendo que llegue al pleno», dijo Capelouto. «Llevo aquí tres años luchando contra esto».
Una versión anterior de la Ley Alexandra, el Proyecto de Ley del Senado 350, fue presentado en febrero de 2021 por la senadora Melissa Meléndez (R-Lake Elsinore), pero dos veces no pudo pasar el mismo comité de seguridad pública, una vez en marzo de 2021 y otra vez en enero de 2022.
Los legisladores intentaron revivir la legislación en diciembre pasado con la creación del SB 44.
El proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista, incluyendo 21 coautores.
«Estoy de nuevo con el corazón roto por la decisión del comité de no aprobar el SB 44 hoy», dijo Ochoa Bogh en un comunicado de prensa tras la decisión. «Esto no es solo una crisis, son miles de tragedias individuales (…) permítanme ser clara: este no es el final de nuestra lucha».
Fiscales de distrito, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y representantes de ayuntamientos de todo el estado hablaron sobre su apoyo en la audiencia.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, testificó en apoyo del proyecto de ley, diciendo al panel que el fentanilo es el asesino número uno de las personas sin hogar en su ciudad.
«Aprovechemos la oportunidad para salvar vidas», dijo Gloria. «La crisis es urgente».
Tras el fracaso de la legislación, su oficina dijo que Gloria mantendrá su compromiso de resolver el problema del fentanilo.
«El alcalde Gloria cree que no hay tiempo que perder y que debemos tomar medidas inmediatas en todos los niveles —desde la aplicación de la ley local hasta la legislación estatal y federal— para tenerlo bajo control», dijo un portavoz de la oficina del alcalde a The Epoch Times en una declaración el 25 de abril.
Una segunda ley contra el fentanilo, la Ley 226 del Senado, de la que es autora la senadora Marie Alvarado-Gil (D-Oakdale), fue aprobada por el comité. El proyecto de ley añade el «fentanilo ilícito» a la lista de estupefacientes prohibidos cuando se está en posesión de un arma de fuego cargada.
Cinco proyectos de ley de fentanilo adicionales serán reconsiderados 27 de abril por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, después de los vetos a principios de este año por el demócrata Reginald Jones-Sawyer.
Los líderes obstaculizados por la derrota del proyecto SB 44 tienen la esperanza de que los proyectos de ley propuestos ahora pasarán el comité.
«Necesitamos una legislación significativa sobre el fentanilo que pueda ser votada por la Asamblea y el Senado muy pronto», dijo Umberg a The Epoch Times. «Esta epidemia no va a esperar a que descubramos cómo abordarla (…) Miles de californianos van a morir aquí, y es nuestra responsabilidad tomar medidas».
El fentanilo fue responsable de más de 100,000 muertes en Estados Unidos en el período de 12 meses que finalizó en agosto de 2022, según las estadísticas más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Se podían ver lágrimas en los ojos de los familiares tras la audiencia, con una mirada de confusa entre frustración e incredulidad.
“Retrasos como este en la legislación estatal de sentido común, como la SB 44, ignoran la realidad de lo que está sucediendo en nuestras ciudades y le costarán la vida a más personas mientras los traficantes quedan libres”, dijo la oficina del alcalde de San Diego.
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