Activistas han documentado más de 500 detenidos desde las protestas del 11 de julio en Cuba, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
Durante y después de las protestas del 11-J, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía, se produjo una ola de detenciones de los participantes, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
El régimen no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos hay, si bien diversas organizaciones han hecho sus propios estudios, que los cifran desde más de cien hasta miles en todo el país.
Un excel colaborativo
Activistas han hecho circular un listado interactivo en un documento Excel que permite a los usuarios introducir no solo los datos personales de los arrestados, sino también información útil como la fecha y hora de detención, el último reporte o el lugar donde fueron vistos por última vez.
El elenco incluye ya 537 nombres en localidades de todo el país, de ellos once menores que incluyen a un adolescente de 15 años.
Por lo general, se les imputan cargos como «desacato» o «delitos contra la seguridad del Estado». La organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado que muchos de los arrestados son sometidos a la vía del juicio sumario, sin posibilidad de acceder a una adecuada representación legal.
Una parte de ellos fueron puestos en libertad en los últimos días, algunos sin cargos y otros en arresto domiciliario a la espera de juicio.
Entre estos últimos cobró especial protagonismo en las redes el testimonio de un estudiante universitario, Leonardo Romero Negrín, que aseguró haber sufrido golpes y vejaciones durante varios días de detención por participar en una marcha pacífica en La Habana.
El portal La Joven Cuba, un medio de intelectuales de izquierdas del país, reveló su testimonio completo y solicitó una «comisión de la verdad» para investigar presuntos abusos de las autoridades en relación con las protestas del 11-J, las mayores en 60 años en Cuba.
Otro joven liberado los pasados días declaró a Efe desde el anonimato que no sufrió golpes o vejaciones en prisión -solo durante la protesta- y recibió un trato «normal», excepto por los molestos y verbalmente agresivos interrogatorios, a veces de madrugada.
La iglesia se mueve
La comunidad católica, por su parte, también se mueve para asistir a los arrestados.
La Conferencia Cubana de Religiosas/os, que aglutina a todas las congregaciones en Cuba, ha comenzado a prestar asesoría no solo espiritual sino también legal a los familiares de los detenidos.
Sobre todo les ayudan a presentar el recurso de «habeas corpus» para que sepan en qué prisión están sus seres queridos y sigan el proceso, si bien «la ley cubana no da muchas posibilidades», declaró a Efe el cura jesuita Eduardo Llorens, uno de los líderes de esta iniciativa.
«Nos hemos movilizado porque el número de personas son muchas. Se calculan en varios cientos y cuidado no sean miles. Esto es un impacto en la sociedad. Son personas que no tienen un perfil de delincuentes comunes y no habían tenido antes problemas con la Justicia», explicó.
¿Nuevas damas de blanco?
También ha comenzado a difundirse un llamamiento, firmado por parte del recién creado «Movimiento Madres» a que salgan a la calle el miércoles en todo en país «todas las madres, tías, hermanas, novias y abuelas» cuyos familiares «hayan fallecido, estén heridos o desaparecidos desde el 11 de julio».
Este colectivo remite a las Damas de Blanco, las esposas y familiares de los 75 disidentes encarcelados durante la ola represiva de 2003 conocida como «Primavera Negra», que durante años se manifestaron pacíficamente para pedir su liberación.
Las detenciones masivas han generado críticas en la comunidad internacional.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió esta semana la urgente liberación de los arrestados, además de una investigación que permita sancionar a los responsables en caso de confirmarse abusos.
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