La organización Prisoners Defenders anunció este martes que documentó ante la ONU diez casos de personas amenazadas y 23 multadas por las autoridades cubanas para reprimir la libertad de expresión en Internet por medio del Decreto Ley 370, sobre la informatización de la sociedad en el país
Sin embargo, los casos son muchos más, «entre 500 y 1000 procesos de amenaza y/o sanción de civiles, funcionarios, cuentapropistas, artistas, periodistas y activistas de la sociedad civil», según la denuncia presentada recientemente por Prisoners Defenders ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Esta norma y la propia Constitución cubana forman un «entramado legal para impedir el último reducto de la libertad de expresión en Cuba, que es Internet», dijo este martes en conferencia de prensa telemática el español Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una entidad que defiende a presos políticos y de conciencia en todo el mundo.
Uno de los artículos de la norma define como infracción «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».
La sanción es de 3000 pesos, entre 2.8 y 7.5 veces el salario normal de un cubano medio. Si no se abona, se puede acabar en prisión hasta seis meses.
«Muerte en vida»
Pero «estos ataques a la libertad de expresión no son nada nuevo», recordó desde Cuba una de las periodistas sancionadas, Camila Acosta (CubaNet).
La diferencia es la aparición de Internet, que en seis o siete años ha propiciado medios independientes o el fortalecimiento de otros, como el suyo, o la aparición del periodismo ciudadano.
El decreto citado viene a «fiscalizar» la expresión en las redes y medios digitales, pues «se subordina» el desarrollo de las tecnologías de la información «a la ideología del Partido Comunista», aseguró la periodista.
Ella fue sancionada, según unos «supuestos inspectores» del Ministerio de Comunicación, por compartir un artículo de CubaNet en Facebook que denunciaba colas extensas en La Habana para obtener alimentos durante la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
Denunció Acosta las consecuencias psicológicas «terribles» de la presión de «todo un cuerpo represivo», con «interrogatorios» y «confiscaciones».
«Eso es lo que hace el régimen a periodistas independientes, la vida imposible con multas, hostigamiento, amenazas, incluso prisión», coincidió José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba.
Al final, agregó, «se profundiza» la crisis cubana porque «se encarcela, amenaza y persigue al que aboga porque cambie la situación, y hay que denunciarlo en todos los foros internacionales de libertad de expresión y prensa».
El eurodiputado español Javier Nart, del grupo liberal Renew Europe, se preguntó retóricamente qué son la moral y las buenas costumbres para el «régimen cubano», para concluir que se trata de algo «tan «reaccionario y casposo» como el «franquismo rancio».
También acusó al Parlamento Europeo de «hipocresía obscena» cuando se pretende que cualquier acuerdo con Cuba se supedite al cumplimiento de los principios democráticos, cuando ese país «no ha cambiado nada hacia la democracia real».
El diputado conservador español Carlos Rojas (Partido Popular) reconoció que la comunidad internacional ha pasado «de soslayo» a veces con lo que ocurre en Cuba.
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