El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. dijo que había encontrado pruebas de que Kentucky está violando los derechos civiles de los residentes mediante la segregación de los adultos con enfermedades mentales graves. Dicho acto de segregación ocurriría en los hospitales psiquiátricos en el área de Louisville, de acuerdo al DOJ.
El DOJ hizo público un informe el 27 de agosto en el que alega que el estado viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) al no proporcionar acceso a servicios de salud mental basados en la comunidad, como respuesta móvil a crisis, gestión de casos y viviendas de apoyo permanente.
La investigación del DOJ, que comenzó en 2022, encontró pruebas de que el sistema de respuesta de emergencia de la ciudad es defectuoso, y que el gobierno metropolitano de Louisville es en parte culpable de los problemas.
Se cree que unos 15,500 adultos de Louisville viven con una enfermedad mental importante, y el centro Seven Counties Services (uno de los 14 centros comunitarios de salud mental del estado) ayuda a 6000 personas cada año.
El informe incluía numerosas sugerencias de reforma, y el DOJ expresó su expectativa de “trabajar en cooperación con Kentucky para llegar a una resolución”. Sin embargo, si no pueden resolver sus diferencias, el departamento advirtió que podría demandar al estado para asegurarse de que se adhiera a la ADA.
“Las personas con enfermedades mentales graves de Louisville están atrapadas en un ciclo inaceptable de hospitalizaciones psiquiátricas repetidas porque no pueden acceder a la atención basada en la comunidad”, dijo en un comunicado de prensa la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del DOJ.
“Nuestro objetivo es trabajar en colaboración con Kentucky para que implemente los servicios de salud mental basados en la comunidad adecuados y cumpla con la ADA. El Departamento de Justicia seguirá salvaguardando los derechos de las personas con discapacidad para garantizar que puedan participar plenamente en sus comunidades y contribuir a ellas”.
El Departamento de Justicia reconoció que el estado tomó medidas para ampliar el acceso a los servicios, incluidas las iniciativas de respuesta a la crisis y el apoyo a la vivienda y el empleo.
Un portavoz de la oficina del gobernador Andy Beshear dijo que los funcionarios estatales estaban “sorprendidos por el informe de hoy”.
“Hay conclusiones arrolladoras y nuevas que deben ser revisadas, así como omisiones de acciones que se han tomado”, dijo James Hatchett, portavoz de la oficina del gobernador, en una declaración a AP el martes. “Revisaremos y evaluaremos a fondo cada conclusión”.
El fiscal federal Michael A. Bennett del Distrito Oeste de Kentucky intervino diciendo: “Estas conclusiones demuestran que la Commonwealth de Kentucky no proporciona servicios de salud mental comunitarios adecuados a las personas con enfermedades mentales graves en el área metropolitana de Louisville”.
“Más allá de las violaciones, sin embargo, estos hallazgos también se refieren al reconocimiento de la dignidad y el potencial de cada individuo que tiene una enfermedad mental”.
La investigación puso de relieve el carácter traumático de muchos ingresos en hospitales psiquiátricos mal gestionados y el hecho de que miles de personas de Louisville ingresan anualmente en estas instituciones. El estudio descubrió que más de 1000 personas necesitaban reingresos hospitalarios en el plazo de un año, y algunas pasaban allí más de un mes.
Según el DOJ, el estado amplió el acceso a los recursos de salud mental, incluida la asistencia en materia de vivienda y empleo y los esfuerzos de respuesta a las crisis.
Con información de Associated Press
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