El Departamento de Justicia (DOJ) dijo el martes que está demandando a seis grandes propietarios por supuestas prácticas anticompetitivas en los mercados de alquiler de viviendas, ampliando el primer caso del DOJ que alega colusión algorítmica.
El DOJ y una coalición de estados presentaron la demanda antimonopolio en Carolina del Norte en agosto de 2024, acusando a la empresa de software de gestión de la propiedad RealPage de permitir a los propietarios coludirse compartiendo información sobre precios a través del software de la empresa, que luego recomienda los precios de alquiler.
El DOJ alegó que los arrendadores intercambiaban información sensible desde el punto de vista de la competencia sobre alquileres, tasas de ocupación y estrategias de fijación de precios a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y grupos de usuarios organizados por RealPage.
Los propietarios —Cortland Management, Greystar Real Estate Partners, Blackstone’s LivCor, Camden Property Trust, Cushman’s Pinnacle Property Management Services y Willow Bridge Property— fueron nombrados como acusados en la denuncia modificada.
Según el DOJ, estos arrendadores gestionan en conjunto más de 1.3 millones de unidades de alquiler en 43 estados y el distrito de Columbia.
«La acción emprendida hoy contra RealPage y seis grandes arrendadores pretende poner fin a su práctica de poner los beneficios por encima de las personas y hacer que la vivienda sea más asequible para millones de personas en todo el país», declaró Doha Mekki, fiscal general Adjunto en funciones de la División Antimonopolio del DOJ.
Los codemandantes en la demanda modificada son los fiscales generales de Illinois, Massachusetts, California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Carolina del Norte, Oregón, Tennessee y Washington.
«No tengo que decírselo a nadie, el alquiler es completamente inasequible y está fuera de control ahora mismo», dijo el fiscal general de Connecticut, William Tong, en un comunicado del 7 de enero. «Estamos alegando hoy que algunos de los propietarios más grandes de la nación —incluyendo tres que operan en Connecticut— manipularon el mercado utilizando precios algorítmicos injustos para suprimir la competencia y elevar los costos para millones de inquilinos».
El DOJ declaró que Cortland, que gestiona más de 80,000 unidades de alquiler en 13 estados, acordó cooperar con el departamento y entrar en un acuerdo propuesto.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, un portavoz de Cortland dijo que el acuerdo propuesto se presentará ante la corte para su aprobación.
«Creemos que sólo hemos sido capaces de alcanzar este resultado porque Cortland lleva años invirtiendo importantes recursos internos en el desarrollo de una herramienta informática propia de gestión de ingresos que no se basa en datos de fuentes externas no públicas», declaró el portavoz.
Greystar niega las acusaciones y declaró que tiene la intención de «defenderse enérgicamente» en la demanda del DOJ.
«Greystar dirige y dirigirá sus negocios con la máxima integridad. En ningún momento Greystar participó en ninguna práctica anticompetitiva», dijo la compañía en un comunicado.
Camden dijo que no está de acuerdo con las afirmaciones del DOJ y planea solicitar la desestimación de la demanda. La empresa argumentó que las acusaciones se derivan de las acciones llevadas a cabo durante la pandemia de COVID-19.
«Este fue un momento en que Camden tomó la decisión de no aumentar las tasas de renovación, para renunciar a los cargos por mora, para congelar los desalojos y tomar la medida sin precedentes de proporcionar más de 10 millones de dólares en efectivo directamente a nuestros residentes para ayudarles durante ese período incierto, sin condiciones», dijo la compañía en un comunicado. «El precio de los alquileres es el resultado de muchos factores, entre los que destacan las normativas gubernamentales que limitan la oferta de vivienda. Cuando la oferta se ve limitada por la normativa gubernamental, los alquileres suben».
RealPage emitió un comunicado el 6 de diciembre diciendo que el DOJ cerró su investigación penal sobre las prácticas de fijación de precios en el sector de la vivienda multifamiliar de alquiler. La empresa dijo que las restantes demandas presentadas contra ella estaban «basadas en información errónea y acusaciones infundadas».
Los tres arrendadores restantes no respondieron a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
Con información de Reuters.
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