El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó esta semana un informe que revela violaciones significativas de las leyes constitucionales y federales dentro de cinco instalaciones operadas por el Departamento de Justicia Juvenil de Texas (TJJD, por sus siglas en inglés).
La investigación abarcó el Centro Juvenil Regional de Evins, la Escuela Estatal de Gainesville, la Escuela Estatal de Giddings, el Correccional Juvenil Estatal del Condado de McClennan y el Complejo Correccional Juvenil Estatal de Ron Jackson, según el anuncio de conclusiones del DOJ publicado el 1 de agosto.
El DOJ presuntamente encontró patrones de abuso, privación de servicios esenciales y discriminación relacionada con la discapacidad, que violan la Constitución de EE. UU., la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
El informe del DOJ destacaba problemas como el uso excesivo de la fuerza, el aislamiento prolongado, la falta de prestación de servicios adecuados de salud mental y la falta de protección contra los abusos sexuales.
«Los menores ingresan en los centros del TJJD para recibir tratamiento y rehabilitación, de modo que puedan volver a sus comunidades como ciudadanos productivos y respetuosos con la ley», declaró la fiscal general adjunta Kristen Clarke en un comunicado.
Añadió que la investigación proporcionó «motivos razonables para creer que, lejos de lograr esos objetivos», el TJJD participó en actos «que perjudican gravemente a los niños y socavan su rehabilitación».
El informe documenta casos en los que el personal presuntamente utilizó spray de pimienta como primera respuesta al comportamiento, incluyendo un incidente en el que un niño fue rociado por cerrar de golpe la puerta de una lavadora.
La investigación también encontró que el TJJD violó la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades al no proporcionar educación especial y servicios relacionados, y discriminó a los niños con discapacidades en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
«Los estados que reciben fondos federales para ayudar a educar a los niños con discapacidades están obligados a utilizar esos fondos adecuadamente en beneficio de estos niños», dijo el fiscal federal del distrito este de Texas, Damien M. Diggs. «No evaluar sistemáticamente a los niños sospechosos de tener discapacidades priva inevitablemente a estos niños de la educación especial que estos fondos estaban destinados a proporcionar».
Los hallazgos del DOJ también subrayaron una «cuestión de justicia racial», ya que aproximadamente el 80 por ciento de los niños en las instalaciones de TJJD son negros o latinos, dijo Clarke.
El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Jaime Esparza, hizo hincapié en la vulnerabilidad de los niños en estos centros, declarando: «Los niños en estos centros son especialmente vulnerables a daños y abusos, lo que dificulta sus perspectivas de rehabilitación».
El DOJ dijo que está comprometido a trabajar con los funcionarios de Texas para abordar las violaciones e implementar las reformas necesarias.
El Departamento de Justicia Juvenil de Texas, en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, reconoció el informe y destacó los esfuerzos en curso para mejorar las condiciones.
«Tenemos una política de tolerancia cero hacia el abuso y la negligencia y siempre hemos rechazado plenamente cualquier comportamiento abusivo en nuestros campus», dijo el portavoz de TJJD en el comunicado.
La agencia señaló que ha implementado varias mejoras, incluyendo un aumento del 20 por ciento en los salarios del personal en los últimos dos años, la contratación de más profesionales de la salud mental, y la introducción de un programa de rehabilitación integral que utiliza la «terapia dialéctica conductual», que al parecer ha reducido las interrupciones y los incidentes de autolesión.
El portavoz de TJJD también señaló el apoyo legislativo, declarando: «Gracias a la inversión en TJJD por la 88ª Legislatura de Texas y el apoyo de la Oficina del Gobernador, ya hemos hecho varias mejoras significativas recientes en nuestra dotación de personal, atención de salud mental y programas educativos».
La fiscal general Adjunta Kristen Clarke concluyó su intervención instando a Texas a aprovechar la oportunidad de reforma, citando a Nelson Mandela: «No puede haber revelación más aguda del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños».
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