Según el Departamento de Justicia (DOJ), cinco empleados anteriores y actuales del IRS han sido acusados de esquemas para defraudar las medidas de ayuda por el COVID-19, como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos por Desastres.
Los dos programas eran iniciativas federales de estímulo autorizadas en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES). Los documentos judiciales muestran que los cinco acusados obtuvieron fondos en el marco de los dos programas presentando solicitudes de préstamo fraudulentas con las que pretendían obtener más de un millón de dólares. Los fondos se utilizaron para fines personales, como la compra de artículos de lujo, coches y viajes, incluidos viajes a Las Vegas, anunció el DOJ en un comunicado de prensa del 4 de octubre.
Brian Saulsberry, de 46 años, de Memphis, Tennessee, recibió USD 171,400 en préstamos y usó una parte de los fondos para comprar un Mercedes-Benz.
Courtney Quinshe Westmoreland, de 38 años, de Cordova, Tennessee, obtuvo USD 11,500 en fondos de préstamos, usándolos para comprar ropa de lujo y servicios como masajes y manicuras.
Fatina Hewitt, de 35 años, de Olive Branch, Mississippi, recibió USD 28,900 en préstamos y gastó el dinero en un viaje a Las Vegas y ropa Gucci.
Roderick DeMarco White II, de 27 años, de Memphis, Tennessee, obtuvo USD 66,666 en fondos y los usó para comprar artículos personales, incluido un bolso Gucci.
Tina Humes, de 56 años, de Memphis, Tennessee, obtuvo USD 123,612 en fondos de préstamo, usó el dinero en joyería y viajó a Las Vegas.
“Este asunto demuestra el descaro con el que los malos actores se han aprovechado de los programas federales destinados a ayudar a quienes más sufrieron por la pandemia de COVID-19”, dijo Kevin Chambers, director de control de fraude de COVID-19.
Otro fraude a las ayudas por COVID-19
Saulsberry, Westmoreland, Hewitt, White y Humes han sido acusados de uno o varios cargos de fraude electrónico, y cada cargo conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
Saulsberry también está acusado de dos cargos de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales, incautando más de USD 75 millones en efectivo, bienes inmuebles y artículos de lujo que estas personas habían obtenido de forma fraudulenta de los fondos PPP.
En septiembre, la policía de Illinois arrestó a 15 personas que supuestamente solicitaron préstamos PPP fraudulentos y usaron el dinero para salir de la cárcel.
Un memorando del 21 de septiembre emitido por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo establece que miles de millones en beneficios de desempleo, reservados por el gobierno federal para ayudar a los estadounidenses que perdieron sus empleos durante la pandemia de COVID-19, se destinaron a delincuentes (pdf).
En febrero y junio de 2021, la OIG emitió una alerta indicando que se defraudaron más de USD 16,000 millones en beneficios de desempleo.
“Desde entonces, la OIG ha identificado un aumento de USD 29,600 millones en pagos potencialmente fraudulentos dentro de tres de las áreas analizadas previamente, elevando el total acumulado para estas áreas de alto riesgo a USD 45,600 millones. El fraude potencial total cubre el período de marzo de 2020 a abril de 2022”, dice el memorando.
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