El Departamento de Justicia está estudiando la posibilidad de implantar lugares supervisados en comunidades desatendidas en los que se proporcionarán pipas para que los consumidores fumen cocaína crack, metanfetamina cristalina y otros estupefacientes, en un intento de reducir los riesgos asociados al abuso de sustancias y prevenir las sobredosis mortales.
Conocido como «Subvención para el Programa de Reducción de Daños», el programa de subvenciones de 30 millones de dólares proporcionaría financiación a programas comunitarios de prevención de sobredosis, programas de servicios de jeringuillas y otros «servicios de reducción de daños».
La financiación de estas actividades de prevención y de sobredosis ayudará a frenar la propagación de enfermedades infecciosas asociadas al abuso de sustancias y apoyará la distribución de medicamentos aprobados por la FDA para revertir las sobredosis a las personas en riesgo de sufrirlas, según el programa.
El programa también proporcionará a las personas en riesgo de desarrollar, o que ya tienen problemas de abuso de sustancias, servicios de asesoramiento y educación sanitaria, y «animará a dichas personas a tomar medidas para reducir los impactos negativos del uso o abuso de sustancias en la salud personal y pública».
La financiación también se utilizaría para comprar equipos y suministros para «mejorar los planes de reducción de daños», lo que incluye una máquina expendedora de reducción de daños —un sistema de dispensación automatizado abastecido con suministros para reducir los riesgos asociados al uso de drogas— y «kits/suministros para fumar de forma segura».
Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo al Washington Free Beacon que estos kits proporcionarán tubos para que los usuarios fumen cocaína crack, metanfetamina cristalina y «cualquier sustancia ilícita».
El objetivo de los kits es reducir el riesgo de infección cuando se fuman sustancias con pipas de vidrio, que pueden provocar infecciones a través de cortes y llagas, dijo el HHS.
Las solicitudes para la subvención se cerraron el lunes y comenzarán en mayo con un enfoque en las «comunidades subatendidas», incluyendo a los afroamericanos y a las «personas LGBTQ+», según lo establecido en la orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre el «avance de la equidad racial», dijo el HHS.
El programa está siendo autorizado bajo la Ley de Servicios de Salud Pública y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 de Biden.
Un portavoz de la agencia confirmó a Associated Press que estaban considerando la implementación de los sitios de consumo supervisado y que habían mantenido conversaciones con los reguladores.
«Aunque no podemos comentar sobre los litigios pendientes, el Departamento está evaluando los sitios de consumo supervisado, incluyendo las discusiones con los reguladores estatales y locales sobre las barreras de seguridad apropiadas para tales sitios, como parte de un enfoque general para la reducción de daños y la seguridad pública», dijo la agencia en una declaración el viernes a AP.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con un portavoz del Departamento de Justicia (DOJ) para una solicitud de comentarios.
Algunos críticos del programa argumentan que los planes del gobierno deben centrarse más en detener el consumo de drogas ilegales en lugar de hacerlas más seguras.
«¿Es esto una broma cruel? Las muertes por sobredosis de drogas están en sus niveles más altos registrados. La Administración Biden debe centrarse en detener a los traficantes en lugar de crear más demanda de su producto», comentó el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a través de Twitter.
El programa llega en un momento en que la Administración Biden ha estado trabajando para hacer frente a la crisis nacional de opioides y a los trastornos por consumo de sustancias mediante un «enfoque completo de salud pública».
En marzo, Biden promulgó el Plan de Rescate Estadounidense, que asignó casi 4000 millones de dólares para que la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental y la Administración de Recursos y Servicios de Salud aumentaran el acceso a los servicios de salud conductual para hacer frente a la crisis.
Biden también ha defendido que se ofrezca tratamiento a las personas con problemas de abuso de sustancias en lugar de encarcelarlas por consumo de drogas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas entre mayo de 2020 y abril de 2021.
La posición de Biden sobre los llamados sitios de seguridad para los consumidores de drogas representa un cambio drástico con respecto a la Administración Trump, que luchó enérgicamente contra la apertura de tales sitios en Filadelfia.
Un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia acabó dictaminando que era un delito federal abrir esos lugares de inyección supervisada o «salas de consumo» en todo el estado y que «aunque la crisis de los opioides puede exigir soluciones innovadoras, las innovaciones locales no pueden infringir la ley federal».
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