El Departamento de Justicia ha intervenido a favor del expresidente Donald Trump, pidiendo a un tribunal federal de Washington que desestime una demanda civil presentada por un enfrentamiento entre manifestantes y policías que tuvo lugar en la ciudad tras la muerte de George Floyd.
Black Lives Matter D.C. y otras personas interpusieron la demanda original en junio de 2020, pocos días después de que la policía utilizara tácticas de control de multitudes en Lafayette Square antes de que Trump se presentara en una iglesia cercana.
El caso ha visto presentaciones judiciales durante años, con un grupo de demandantes presentando una demanda enmendada en abril de este año.
El 19 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ) notificó que sustituía a Trump porque ese día estaba actuando en el ámbito de su cargo.
Su decisión se basaba en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA).
En su notificación, el DOJ dijo que la ley «establece que tras la certificación por parte del fiscal general de que un empleado federal estaba actuando dentro del ámbito de su cargo o empleo en el momento del incidente en el que surgió la reclamación del demandante, cualquier acción o procedimiento civil iniciado sobre dicha reclamación y que surja bajo la ley estatal se considerará una acción contra los Estados Unidos, y los Estados Unidos serán sustituidos como demandados con respecto a esas reclamaciones».
James G. Touhey, que dirige la rama de agravios de la división civil del DOJ, certificó que Trump «era un empleado del gobierno que actuaba en el ámbito de su cargo o empleo en el momento del incidente del que surgieron las reclamaciones de los demandantes».
En la demanda enmendada se nombraba a Trump a título individual y se pedían daños y perjuicios. Alegaba que Trump era responsable de infligir intencionadamente angustia emocional, asalto, agresión y negligencia en supuesta violación de una ley de distrito en torno a la libertad de expresión.
En otra petición de desestimación, presentada también el 19 de agosto, se argumentaba que el tribunal carecía de competencia en la materia sobre las demandas de los demandantes porque no habían agotado los recursos administrativos.
Añadía que los demandantes no habían demostrado que sus reclamaciones entraran dentro del ámbito de la renuncia limitada a la inmunidad soberana que ofrece la FTCA.
En la demanda se alegaba que los organismos implicados no habían respondido en el plazo de seis meses previsto en la FTCA.
«Por lo tanto, los demandantes han agotado sus recursos administrativos en virtud de la FTCA», decía la demanda.
Las acciones del DOJ se produjeron en el contexto de una controversia más amplia sobre la inmunidad de Trump y la participación del gobierno federal en sus batallas legales.
El consejero especial Jack Smith provocó una batalla legal que finalmente dio lugar a que la Corte Suprema estableciera un precedente histórico sobre la inmunidad presidencial en julio.
Ese caso se centró en la responsabilidad penal, pero los presidentes han disfrutado durante mucho tiempo de una amplia inmunidad frente a la responsabilidad civil por acciones que caen dentro del perímetro exterior de sus funciones oficiales.
En 2023, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que el expresidente no podía evitar la responsabilidad civil en una demanda de agentes heridos de la Policía del Capitolio.
En ese caso, los abogados del Departamento de Justicia dijeron al tribunal que un presidente no estaría protegido por la «inmunidad absoluta» si se determinaba que sus palabras habían sido una «incitación a la violencia privada inminente».
Trump ha negado haber cometido actos ilícitos relacionados con la irrupción en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, y sus abogados dijeron que no tenía intención de desatar la violencia.
El Departamento de Justicia había apoyado a Trump en el pleito entre él y la escritora E. Jean Carroll, pero dio marcha atrás en 2023.
En una carta del 11 de julio a los abogados de Trump y Carroll, el vicefiscal general adjunto principal Brian Boynton dijo que el DOJ ya no podía concluir que el expresidente estaba actuando en su capacidad como presidente cuando hizo las declaraciones supuestamente difamatorias sobre Carroll.
Katabella Roberts contribuyó a este artículo. Con información de The Associated Press.
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