El gobierno de Biden ha instado a la Corte Suprema a rechazar un intento de los republicanos de volver a dar poder a las legislaturas estatales para regular las elecciones al Congreso y a la presidencia, como dicen que exige la Constitución de EE. UU., incluyendo la eliminación del poder judicial para influir en la redistribución de los distritos y otras disputas.
La presentación legal se produjo en un caso de alto riesgo, Moore vs Harper, expediente judicial 21-1271, que la Corte Suprema tiene previsto ver el 7 de diciembre.
Lo que está en juego es la doctrina de la legislatura estatal independiente, una idea adoptada por el presidente Donald Trump que tiende a evocar fuertes opiniones entre quienes siguen la ley electoral. Aunque tres jueces de la Corte Suprema han dicho que la doctrina se aplicó en el caso Bush vs Gore que resolvió la disputada elección presidencial de 2000, la corte nunca ha fallado sobre la doctrina directamente.
Los republicanos dicen que la Constitución siempre ha autorizado directamente a las legislaturas estatales a establecer normas para la celebración de elecciones federales. El establishment político, incluidos los demócratas y algunos republicanos, dicen que esta idea es una teoría jurídica conservadora marginal que podría poner en peligro el derecho de voto. La doctrina, si es respaldada por el alto tribunal, podría permitir a las legislaturas estatales seleccionar a los electores presidenciales en elecciones disputadas, algo que los críticos denuncian como una amenaza para la democracia.
La doctrina podría poner en entredicho más de 200 años de práctica que «confirma que las legislaturas estatales están sujetas a las limitaciones constitucionales de los estados cuando ejercen su autoridad en virtud» de la cláusula electoral de la Constitución, dijo la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en un escrito de apoyo al tribunal (pdf) presentado fuera de horario el 26 de octubre.
La cláusula electoral del artículo 1 establece: «El tiempo, el lugar y la forma de celebrar las elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada Estado por su legislatura». La cláusula sobre los electores presidenciales del artículo 2 otorga a cada estado la facultad de designar a los electores presidenciales «de la manera que disponga su Asamblea Legislativa».
Los republicanos de Carolina del Norte, encabezados por el demandante Tim Moore, que es el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, están apelando una sentencia de la Corte Suprema de su estado que rechazó el mapa electoral de la legislatura estatal. La demandante, Rebecca Harper, forma parte de un grupo de 25 votantes individuales de Carolina del Norte.
«El Tribunal ha rechazado repetidamente los argumentos de que los controles constitucionales estatales sobre la función legislativa de una legislatura estatal violan la Cláusula Electoral», continúa el escrito de Prelogar.
«Y el Tribunal ha hecho hincapié en que ‘las constituciones estatales pueden proporcionar normas y orientaciones para que los tribunales estatales las apliquen’ al abordar la manipulación de circunscripciones partidista, citando una decisión de la Corte Suprema de Florida que ‘anuló el plan de distribución de distritos del Congreso de ese Estado por violar’ la constitución estatal», señala el escrito.
Se han presentado más de 70 escritos de apoyo al tribunal en este caso.
Un escrito (pdf) presentado por senadores demócratas de EE. UU., encabezados por Amy Klobuchar de Minnesota, el 26 de octubre, argumentó que la doctrina socavaría la garantía de la Constitución de una «forma republicana de gobierno» y la cláusula de elecciones al permitir que «las legislaturas estatales actúen independientemente de … los controles y equilibrios».
Dado que las legislaturas estatales reciben su autoridad de las constituciones estatales, deben estar vinculadas a los documentos fundacionales del Estado. Las legislaturas «no pueden sustituir» a las constituciones estatales, continúa el escrito.
«La legislatura no puede eludir la autoridad delegada por la constitución estatal (y el pueblo) a los tribunales estatales para revisar sus promulgaciones con el fin de ‘reivindicar los derechos garantizados por la Constitución [estatal]'».
En total, 18 demócratas y dos independientes que coinciden con los demócratas, Bernie Sanders de Vermont y Angus King de Maine, firmaron el escrito.
Los fiscales generales de Arkansas, Arizona, Texas y otros 10 estados presentaron un escrito de amigo del tribunal (pdf) en apoyo de Carolina del Norte.
«Las amenazas a los intereses estatales son claras en este caso. Si se permite que los tribunales estatales anulen las decisiones legislativas basándose en vagas disposiciones constitucionales estatales», se socava el Estado de Derecho, afirma el escrito redactado por la fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, y el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, ambos republicanos.
El presidente Moore explicó en marzo por qué apoya la doctrina.
«La Constitución de EE.UU. es clarísima: las legislaturas estatales son responsables de trazar los mapas del Congreso, no los jueces de los tribunales estatales, y desde luego no con la ayuda de agentes políticos partidistas», dijo Moore.
«Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema reafirme este principio básico y deseche el mapa ilegal impuesto al pueblo de Carolina del Norte por su máximo tribunal. Es hora de resolver la cuestión de la cláusula electoral de una vez por todas».
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