El fiscal general Merrick Garland anunció una investigación dirigida por el Departamento de Justicia (DOJ) a causa de la muerte, por parte de un agente de policía, de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky.
Taylor fue abatida durante una redada policial en su casa, en marzo de 2020. Su muerte se convirtió más tarde en un grito de guerra para las protestas y disturbios de Black Lives Matter el año pasado.
En el incidente, la policía entró por la puerta de Taylor usando un ariete. Su novio, Kenneth Walker, supuestamente abrió fuego contra la policía, que respondió, impactando y abatiendo a Taylor, dijeron las autoridades.
Walker sostuvo que no era consciente de que la policía estaba llevando a cabo una redada en ese momento. El año pasado, el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, dijo que un vecino corroboró las declaraciones de los oficiales, los cuales afirmaron haber llamado a la puerta de Taylor, lo que refutó las alegaciones de que las autoridades utilizaron una «orden de no tocar». Cameron añadió que Walker les disparó a los agentes implicados al principio de la operación.
Sin embargo, el lunes, Garland dijo que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación de «patrones de práctica» sobre el Departamento de Policía de Louisville (LMPD). Se «determinará si el LMPD realiza detenciones, registros e incautaciones inconstitucionales, así como si el departamento ejecuta ilegalmente órdenes de registro en domicilios privados», agregó.
«Como en todas las investigaciones del Departamento de Justicia, seguiremos los hechos y la ley, donde sea que nos lleven», dijo Garland. «Si existe una causa razonable para creer que hubo un patrón o práctica de violaciones constitucionales o estatutarias, emitiremos un informe público de nuestras conclusiones».
La investigación se produce después que la ciudad de Louisville ha experimentado un aumento en los delitos violentos. Los datos policiales muestran que los asesinatos, violaciones y robos aumentaron más del 81 por ciento sobre un promedio de cinco años.
Los legisladores de Kentucky aprobaron el mes pasado una prohibición parcial de las órdenes de detención sin previo aviso. La medida sólo permitiría emitir órdenes de no avisar en las puertas de los domicilios si hubiera «pruebas claras y convincentes» de que el «delito alegado es un crimen que calificaría a una persona, de ser condenada, como delincuente violento». Las órdenes también tendrían que ejecutarse entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.
Garland anunció la semana pasada que el departamento abrió una investigación civil sobre si el Departamento de Policía de Minneapolis tenía un patrón de uso excesivo de la fuerza en los arrestos o durante las protestas.
“Está claro que los funcionarios públicos de Minneapolis y de Louisville, incluidas las agencias del orden, reconocen la importancia y la urgencia de nuestros esfuerzos”, dijo Garland. “Venimos a ellos como socios, sabiendo que compartimos un objetivo común”.
Uno de los agentes que participaron en el operativo en el que murió Taylor, Brett Hankison, fue acusado formalmente por un gran jurado de tres cargos de peligro injustificado tras disparar su arma contra un apartamento diferente al que albergaba a Taylor. El uso de la fuerza de los otros dos oficiales, el detective Myles Cosgrove y el sargento Jonathan Mattingly, estaba justificado, dijo Cameron el año pasado.
«Nuestra respuesta a la verdad muestra la sociedad que queremos ser», dijo durante una conferencia de prensa. «¿Queremos realmente la verdad? ¿O queremos una verdad que se ajuste a nuestra narrativa? ¿Queremos los hechos? ¿Nos conformamos con aceptar ciegamente nuestra propia versión de los hechos? Nosotros, como comunidad, debemos tomar esta decisión».
«Habrá celebridades, personas influyentes y activistas que, al no haber vivido nunca en Kentucky, intentarán decirnos cómo sentirnos, sugiriendo que entendieron los hechos de este caso y que conocen nuestra comunidad y la Commonwealth (Estado Libre Asociado) mejor que nosotros», dijo Cameron.
Con información de Associated Press.
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