Un panel liderado por los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes no ha encontrado «ninguna base legítima» para que el Departamento de Justicia utilice a las fuerzas de seguridad federales para vigilar a los padres preocupados que dicen lo que piensan en las reuniones de los consejos escolares locales.
En un informe provisional (pdf) publicado el martes, el Subcomité Selecto sobre Uso del Gobierno Federal como un Arma dijo que las pruebas hasta ahora sugieren que el fiscal general Merrick Garland tomó parte de una iniciativa de colaboración para intimidar a los padres de hablar abiertamente en contra de la agenda educativa de izquierda favorecida por la administración Biden.
«Al parecer, a partir de estos documentos y de la información recibida anteriormente», se declara en el informe, «las acciones de la Administración fueron una ofensiva política destinada a sofocar la creciente discordia sobre los controvertidos planes de estudios educativos y las impopulares decisiones de los consejos escolares».
En octubre de 2021, Garland emitió un memorando en el que reunía a una coalición de fuerzas del orden federales y locales para hacer frente a las supuestas «amenazas de violencia» contra profesores y miembros de consejos escolares de todo Estados Unidos. En respuesta a ese memorando, la unidad antiterrorista del FBI creó la etiqueta de amenaza «EDUOFFICIALS», y abrió 25 de investigaciones sobre las actividades de los padres que se estaban manifestando.
Curiosamente, el FBI aún no ha detenido ni procesado a ninguno de los implicados en esos 25 casos, a pesar de las afirmaciones de que los educadores de K-12 se enfrentaban a amenazas violentas reales.
«Según el FBI, ninguna de las investigaciones relacionadas con el consejo escolar ha dado lugar a detenciones o cargos federales», dice el informe, afirmando que esto pone de manifiesto las verdaderas motivaciones políticas detrás de las acciones de Garland.
«El uso de estos recursos congela la actividad protegida por la Primera Enmienda, ya que los padres temen con razón que su apasionada defensa de sus hijos pueda dar lugar a una visita de las fuerzas del orden federales».
Garland admitió desde entonces que su memorándum se basaba únicamente en una carta enviada al presidente Joe Biden por la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA), que calificaba las interrupciones en las reuniones de los consejos escolares de «forma de terrorismo doméstico y delito de odio». En concreto, la NSBA instaba al gobierno federal a invocar leyes antiterroristas como la Ley Patriot para sofocar a las «turbas enfurecidas» de padres, que pretendían responsabilizar a los funcionarios escolares del adoctrinamiento racial y sexual de la izquierda radical y de imponer a sus hijos duras restricciones por COVID-19.
La propia carta, según el informe, fue encargada por el Departamento de Educación para que el Departamento de Justicia tuviera una justificación para utilizar la aplicación de la ley federal para reprimir el discurso indeseable.
«La NSBA compartió el borrador de su carta con la Casa Blanca, que aparentemente no planteó ningún problema con la referencia a las herramientas antiterroristas de la inclusión de la Ley Patriot en la carta», argumentaron los republicanos.
El Comité, encabezado por el representante Jim Jordan (R-Ohio), en el curso de su investigación citó a Garland, al secretario de Educación, Miguel Cardona, al director del FBI, Christopher Wray, y a miembros de la NSBA. Ellos todavía están esperando los documentos de Chip Slaven y Viola García, altos cargos de la NSBA, quienes firmaron la carta a Biden.
«El trabajo del Comité y del Subcomité Selecto no ha concluido. Esta supervisión continuará a medida que el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación sigan presentando documentos que respondan a la petición», señalan los republicanos, añadiendo que el FBI solo ha entregado 14 páginas de documentos.
Tras la abrumadora reacción suscitada por la carta sobre «terrorismo doméstico», la NSBA se disculpó por «parte del lenguaje incluido en la carta», pero no especificó qué lenguaje era inapropiado en retrospectiva. La tibia disculpa no impidió que docenas de grupos de consejos escolares de ámbito estatal pusieran fin a su pertenencia a la organización nacional.
Garland sigue manteniendo su memorándum, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de los congresistas republicanos para que lo anule.
Los Departamentos de Justicia y Educación no respondieron a la petición de comentarios.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
