El Departamento de Justicia ha renunciado a las reglas de ética para permitir que la fiscal general Elizabeth Prelogar trabaje en una serie de casos de alto perfil ante la Corte Suprema que podrían tener enormes implicaciones para las leyes sobre el aborto y el derecho a portar armas, según documentos presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental.
Prelogar, quien es la principal defensora del gobierno federal ante la Corte Suprema, recibió exenciones de ética que le permitirían trabajar en cinco casos de la Corte Suprema relacionados con su antiguo bufete de abogados, Cooley LLP, o sus clientes.
Específicamente, las exenciones le permiten trabajar en el caso Students for Fair Admissions Inc. vs. President and Fellows of Harvard College, a pesar de que anteriormente se desempeñó como profesora invitada en la facultad de derecho.
El caso pertenece a una organización sin fines de lucro llamada Students for Fair Admissions que no está de acuerdo con la forma en que Harvard usa la raza para determinar a cuales solicitantes admitir y busca revocar la política de admisiones.
Harvard ha reconocido que utiliza la raza como factor en las decisiones de admisión, pero dice que esa consideración no viola la ley federal ni la Constitución.
En el caso de Harvard, Prelogar presentó un escrito poniéndose del lado de la Universidad.
El Departamento de Justicia dijo en su exención del 18 de noviembre con respecto al caso de la Universidad de Harvard que Prelogar tiene «calificaciones únicas para satisfacer las necesidades del gobierno en este asunto en particular» como una abogada veterano de apelaciones cuya trayectoria incluye tanto el servicio público como el privado.
Prelogar también recibió otras cuatro autorizaciones en casos que «presentaron posibles problemas de comparecencia».
Estos incluyen Boechler vs. Comisionado de Impuestos Internos, New York State Rifle & Pistol Association vs. Bruen, Patel vs. Garland y Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, el último de los cuales tiene posiblemente enormes implicaciones para el aborto.
Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, la única clínica de aborto que queda en Mississippi, solicita a la Corte Suprema que determine si la prohibición estatal de todos los abortos electivos luego de las 15 semanas de embarazo es constitucional.
La prohibición del aborto entró en vigor en Texas en septiembre pasado y permanecerá como tal en el futuro previsible luego de que una corte federal de apelaciones enviara un caso de impugnación de la prohibición a la Corte Suprema del estado a inicios de este mes.
Prelogar se sumó a los argumentos orales en diciembre en nombre de la Organización de Salud de Mujeres de Jackson, fungiendo como un «amigo de la corte».
La exsocia de Cooley se unió al Departamento de Justicia de Biden en enero de 2021 como fiscal general adjunto principal. Fue confirmada como fiscal general de Estados Unidos en octubre de 2021.
Antes de ser confirmada en su puesto actual, Prelogar participó en la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la supuesta intrusión rusa en las elecciones de 2016.
Según Protect the Public’s Trust, que hace un seguimiento de las exenciones de ética de la administración Biden, «las responsabilidades éticas son un aspecto importante del servicio público» y tales reglas con respecto a la ética «garantizan que los funcionarios públicos no estén utilizando sus puestos de confianza pública para obtener beneficios privados para ellos mismos o para quienes los rodean, como sus antiguos empleadores».
También sirven para mantener la confianza del público en que el gobierno «no está tomando decisiones de manera arbitraria o basada en sesgos inapropiados».
Pero en ocasiones, a los servidores públicos se les otorgan exenciones de esos estrictos requisitos de ética que les permiten trabajar en asuntos que pueden implicar a antiguos empleadores u otras personas con las que el servidor público tiene una “relación encubierta»; alguien con quien tienen una relación cercana o una relación comercial o están buscando tal.
Michael Chamberlain, un exfuncionario de la administración Trump que dirige al grupo, dijo a Axios que «el Departamento de Justicia parece tener un volumen sorprendentemente grande de casos de alto perfil que involucran a los antiguos empleadores y clientes [de Prelogar]».
«Las exenciones normalmente surgen debido a habilidades, talentos y experiencia que son supremamente únicos», dijo Chamberlain en un correo electrónico a la edición. «Varias de las exenciones que hemos visto recientemente han sido muy amplias y otorgadas a abogados y excabilderos, dos profesiones de las cuales casi no hay escasez en DC».
The Epoch Times se puso en contacto con un portavoz de la oficina de la Fiscal General y la Casa Blanca para solicitar comentarios.
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