El Departamento de Justicia propone nuevas normas que limitarían la capacidad de los países adversarios para comprar datos masivos de los estadounidenses.
La propuesta de reglamento, anunciada el 21 de octubre, trataría de limitar la cantidad de información enviada por los intermediarios de datos a seis países, estableciendo nuevos límites a determinadas transacciones comerciales relacionadas con los datos de los estadounidenses.
Los seis países en cuestión son China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
La propuesta se precipitó en febrero, cuando el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva por la que se ordenaba al departamento la creación de una nueva normativa que impidiera a los países hostiles adquirir datos confidenciales de residentes en Estados Unidos por medios legales.
La normativa propuesta limitaría, por tanto, la venta de datos personales sensibles (incluidos datos genómicos, biométricos, de salud personal, de geolocalización y financieros) de residentes en Estados Unidos.
En su redacción actual, las normas prohibirían “a cualquier persona estadounidense participar a sabiendas en una transacción de datos cubierta que implique el corretaje de datos con un país de interés o una persona cubierta”.
Sin embargo, aún está por verse si esa redacción se mantiene o se suaviza. El corretaje internacional de datos es un negocio lucrativo, y es probable que las normas sean objeto de intensas presiones.
En este sentido, el anuncio destaca que Estados Unidos es “ampliamente percibido como el mayor mercado de intermediación de datos del mundo”.
Entre las mayores empresas de intermediación de datos del mundo se encuentran las estadounidenses Oracle America, Equifax y Experian, que cuentan con unos ingresos combinados en EE.UU. de más de 61,000 millones de dólares, según la notificación.
Estas empresas suelen tener acceso a grandes almacenes de información personal confidencial que un adversario extranjero podría utilizar fácilmente para dirigir operaciones de influencia o algo peor contra ciudadanos estadounidenses.
El documento destaca los hallazgos de un grupo de investigadores de Notre Dame, a quienes “se les ofreció acceso a miles de registros de datos de personal militar y veteranos militares que contenían nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, agencia o rama militar, dolencias médicas, afiliaciones políticas, religión, sexo, edad, ingresos, calificación crediticia e incluso detalles sobre los niños en sus hogares”.
“Los intermediarios de datos a menudo recopilan datos relativos, por ejemplo, a dónde va una persona normal, dónde compra y qué busca en Internet”, añade el documento.
Las normas propuestas son las últimas de un año de lucha entre Washington y Beijing sobre el flujo incesante de datos de Estados Unidos a China.
Mientras que las empresas y los gobiernos chinos se benefician enormemente de los datos obtenidos de los estadounidenses, Beijing nacionalizó sus datos como recurso estratégico e implantó normas que obligan al Partido Comunista Chino (PCCh) a tener la última palabra sobre todos y cada uno de los datos que puedan exportarse.
La propuesta del lunes ofrecía por primera vez detalles más concretos sobre los tipos y cantidades de datos que no pueden transferirse, incluidos los datos genómicos humanos de más de 100 estadounidenses o los datos personales sanitarios o financieros de más de 10,000 personas.
La propuesta también prohibiría la transferencia de datos precisos de geolocalización de más de 1000 dispositivos estadounidenses a la vez.
La norma le permitiría al Departamento de Justicia exigir su cumplimiento mediante sanciones penales y civiles.
Esto significa que las empresas chinas o las que son propiedad de empresas matrices chinas, como el gigante de las redes sociales TikTok, podrían incumplir la propuesta si transfieren datos sensibles de usuarios estadounidenses a una empresa matriz china.
Con información de Reuters
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