El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció que desplegará a su personal en un condado del noreste de Ohio debido a preocupaciones de intimidación.
“Los votantes del condado de Portage han expresado inquietudes sobre la intimidación derivada de la vigilancia y la recolección de información personal de los votantes, así como amenazas relacionadas con el proceso electoral”, indicó el DOJ en un comunicado del 15 de octubre, sin proporcionar detalles sobre las acusaciones.
El DOJ enviará personal al condado de Portage durante el periodo de votación anticipada y el día de las elecciones, el martes 5 de noviembre, señaló la agencia.
En septiembre, el alguacil del condado de Portage, Bruce Zuchowski, publicó en redes sociales que, si la vicepresidenta Kamala Harris, nominada demócrata, ganaba, las personas deberían dejar sus direcciones para enviar allí a inmigrantes ilegales. Zuchowski luego eliminó la publicación.
No está claro si el DOJ se refería a los comentarios del alguacil. The Epoch Times contactó a la agencia para obtener comentarios.
En respuesta al anuncio del DOJ, la Oficina del Alguacil del condado de Portage declaró que «la supervisión de los lugares de votación por parte del DOJ se lleva a cabo en todo el país y no es exclusiva del condado de Portage. Esto es una práctica normal del DOJ».
Se anticipa que Ohio no será un estado clave en las elecciones de 2024. El estado votó a favor del expresidente Trump tanto en las elecciones de 2016 como en las de 2020.
Mientras tanto, la agencia confirmó varios puntos de contacto para quienes estarán al frente de los esfuerzos del DOJ en relación con el Día de las Elecciones el próximo mes.
El DOJ emitió varios comunicados de prensa específicos por distrito esta semana sobre el personal de las oficinas de los fiscales de EE.UU. que liderarán los esfuerzos del departamento el Día de las Elecciones, manejando «denuncias relacionadas con preocupaciones sobre los derechos de voto, amenazas de violencia contra funcionarios o personal electoral, y fraude electoral», según uno emitido para el Distrito Norte de Nueva York.
«La ley federal protege contra delitos como amenazar con violencia a funcionarios o personal electoral, intimidar o sobornar a votantes, comprar y vender votos, hacerse pasar por votantes, alterar los resultados de la votación, rellenar urnas, y marcar boletas en nombre de los votantes en contra de sus deseos o sin su participación», declaró uno de los comunicados del DOJ. Un lenguaje similar o idéntico se utilizó en otros comunicados del DOJ sobre los esfuerzos de la agencia en relación con las elecciones.
Estas leyes también ofrecen «protecciones especiales para los derechos de los votantes y [establecen] que pueden votar sin interferencias, incluyendo intimidación y otros actos diseñados para impedir o desalentar el voto o la elección del candidato de su preferencia», según la agencia.
El DOJ no proporcionó ejemplos específicos de posibles fraudes en ninguno de sus anuncios.
En un comunicado del DOJ emitido el viernes sobre sus esfuerzos en el Distrito Este de Texas, se agregó que el FBI tendrá a sus “agentes especiales disponibles en cada oficina de campo y agencia local en todo el país para recibir denuncias de fraude electoral y otros abusos electorales el día de las elecciones.”
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, Damien Diggs, advirtió que quienes «busquen corromper» el proceso electoral de EE.UU. serán «llevados ante la justicia.»
“Es importante que aquellos que tengan información específica sobre preocupaciones de derechos de voto o fraude electoral pongan esa información a disposición del Departamento de Justicia”.
Advertencias Electorales
Mientras tanto, los principales funcionarios electorales en al menos dos estados clave emitieron advertencias a funcionarios del condado y locales sobre retrasos o manipulación de los resultados antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Cuatro años después de las elecciones de 2020, funcionarios de varios estados clave declararon recientemente que apuntarán a los funcionarios del condado que sospechen de exceder su autoridad. Señalaron que cualquier funcionario podría enfrentar cargos criminales si no certifican los resultados electorales el próximo mes.
“La ley es clara y no toleraremos que nadie la incumpla por ninguna razón”, dijo la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, demócrata, en una entrevista publicada por Reuters el viernes. “Existen momentos y lugares para impugnar los resultados electorales. El proceso de certificación no es uno de ellos.”
Por su parte, la fiscal general de Pensilvania, Michelle Henry, también demócrata, declaró al servicio de noticias que los funcionarios que “no cumplan con los estatutos, lo investigaremos y habrá consecuencias”. También mencionó que “se podrían tomar acciones tanto penales como civiles para mantener la integridad del proceso”.
En una declaración al medio, el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, demócrata, dijo que la “expectativa” de su oficina es que los funcionarios electorales locales “cumplan con la ley” en las próximas elecciones.
“Si recibimos inquietudes de que no será así, estamos preparados para actuar”, afirmó Kaul.
Durante las elecciones de 2020, hubo denuncias de fraude electoral, principalmente por parte del expresidente Donald Trump y su campaña, en varios estados clave, incluidos Michigan, Pensilvania y Wisconsin, entre otros.
Reuters y The Associated Press contribuyeron a este informe.
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