El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció el viernes que descubrió tras una investigación de dos años que la Universidad de Yale había discriminado ilegalmente a los postulantes asiático-estadounidenses y también a los blancos en su proceso de admisión.
El Departamento de Justicia notificó a Yale (pdf) las conclusiones en las que determinó que la escuela de la Ivy League violaba el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y nacionalidad en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. En particular, el departamento encontró que Yale discrimina por raza y origen nacional en su proceso de licenciatura.
«No existe tal cosa como una forma buena de discriminación racial», dijo el asistente del fiscal general, Eric Dreiband, de la División de Derechos Civiles a través de un comunicado. «Dividir ilegalmente a los estadounidenses en bloques raciales y étnicos fomenta los estereotipos, la amargura y la división. (…)El Departamento de Justicia está de acuerdo y seguirá luchando por los derechos civiles de todas las personas en toda nuestra nación».
El DOJ exigió que Yale «acuerde no utilizar la raza o el origen nacional en su próximo ciclo de admisión de estudiantes universitarios de 2020-2021». Además añade que si la universidad tiene previsto considerar la raza o el origen nacional en futuros ciclos de admisión, tendrá que «presentar primero al Departamento de Justicia un plan que demuestre que su propuesta se ajusta estrictamente a lo exigido por la ley, incluso identificando una fecha para el fin de la discriminación racial», entre sus conclusiones.
La universidad comunicó a su vez que «niega categóricamente» la acusación del Departamento de Justicia, añadiendo que está orgullosa de sus prácticas de admisión y «no las cambiará en base a una acusación tan precipitada y sin mérito», según una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times.
Cuando el Departamento de Justicia comenzó su investigación en septiembre de 2018, el presidente de Yale, Peter Salovey, emitió una carta abierta a la comunidad de Yale, en la que afirmaba que «Yale no discrimina en las admisiones a los asiático-estadounidenses ni a ningún otro grupo racial o étnico». También escribió que «las políticas de Yale han dado como resultado un destacado y cada vez más diverso cuerpo estudiantil», que «no ha llegado a expensas de los solicitantes de cualquier origen racial o étnico».
La raza es un «factor determinante»
El Departamento de Justicia informó sin embargo que en Yale «la raza es el factor determinante en cientos de decisiones de admisión cada año» de acuerdo a su investigación, y que para la «gran mayoría» de los solicitantes, «los asiático-estadounidenses y los blancos solo tienen entre una décima y una cuarta parte de las probabilidades de ser admitidos como solicitantes afroamericanos con credenciales académicas comparables».
«Yale rechaza cada año las puntuaciones de los solicitantes asiático-estadounidenses y blancos en función de su raza, a quienes de otro modo admitiría», informó el Departamento de Justicia, añadiendo que «aunque el Tribunal Supremo ha sostenido que las universidades que reciben fondos federales pueden considerar la raza de los solicitantes en determinadas circunstancias limitadas como uno de los diversos factores, el Departamento de Justicia consideró que el uso que hace Yale de la raza es cualquier cosa menos limitado».
«Yale utiliza la raza en múltiples pasos de su proceso de admisión, lo que resulta en un efecto multiplicador de la raza en la probabilidad de admisión de un solicitante, y Yale equilibra racialmente sus clases», anunció el Departamento de Justicia.
Yale comunicó a The Epoch Times que está «consternado de que el DOJ haya tomado su determinación antes de permitir que Yale proporcione toda la información que el Departamento ha solicitado hasta ahora», añadiendo que ha estado cooperando plenamente con la investigación del DOJ.
«Si el Departamento hubiera recibido plenamente y sopesado justamente esta información, habría llegado a la conclusión de que las prácticas de Yale cumplen absolutamente con décadas de precedentes en el Tribunal Supremo», dijo la universidad.
Según la universidad su proceso de selección mira «a la persona en su totalidad» y considera «una multitud de factores, incluyendo sus logros académicos, intereses, liderazgo demostrado, antecedentes, éxito en el aprovechamiento máximo de sus recursos de la escuela secundaria y la comunidad y la probabilidad de que contribuyan a la comunidad de Yale y al mundo».
Caso de Harvard
El Departamento de Justicia acusó anteriormente a la Universidad de Harvard de discriminación racial en su proceso de admisión, y en agosto de 2018 presentó documentos de sus argumentos ante el tribunal federal, diciendo que Harvard «no ha demostrado que no discrimina ilegalmente a los asiático-estadounidenses».
El entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo en una declaración en ese momento que «a ningún estadounidense se le debe negar la admisión a la escuela por su raza».
Un juez federal dictaminó en octubre de 2019 que las políticas sostenidas por Harvard -que se alega son racialmente discriminatorias y afectan negativamente a los estadounidenses de origen asiático- eran legalmente válidas. La jueza de distrito de Massachusetts, Allison Burroughs, designada por Barack Obama, escribió que «las admisiones con conciencia racial siempre penalizarán en cierta medida a los grupos que no están siendo favorecidos por el proceso, pero esto se justifica por el interés imperioso en la diversidad y todos los beneficios que se derivan de una población universitaria diversa».
El fallo, basado en el argumento de Burroughs de que las consideraciones de «diversidad» son más importantes que los efectos adversos para las personas afectadas, fue apelado. Está previsto que los argumentos sean presentados en septiembre.
El Departamento de Justicia también presentó un escrito de amicus curiae para el caso, en el que Dreiband comentaba que «la división inconstitucional de los estadounidenses en bloques raciales y étnicos perjudica a todos los implicados al fomentar los estereotipos, la amargura y la división entre el pueblo estadounidense».
«El Departamento de Justicia seguirá luchando contra la discriminación racial ilegal», dijo.
El caso puede llegar en última instancia a la Corte Suprema.
Janita Kan y Matthew Vadum contribuyeron a este informe.
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