Los exministros bolivianos Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, del gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), dejaron la prisión donde estuvieron recluidos en La Paz por casi tres años, tras declararse culpables y recibir sentencias menores dentro de uno de los procesos judiciales por la crisis de 2019.
Medios locales difundieron este miércoles imágenes de la llegada de Coimbra y Guzmán a la ciudad de Trinidad, la capital de la región amazónica de Beni, a la que representaron como diputados nacionales hasta noviembre de 2019, cuando fueron designados ministros de Justicia y de Energías, respectivamente, por Áñez.
En una historia publicada en su cuenta oficial en Instagram, Coimbra compartió una fotografía en la que se le ve abrazando a su madre, con la leyenda: «El abrazo que esperé 1082 días».
En diciembre pasado, Coimbra y Guzmán fueron sentenciados a dos años de cárcel por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa en «grado de autoría», tras someterse a un procedimiento abreviado que supone una admisión de culpa.
Los exministros fueron detenidos el 12 de marzo de 2021 horas antes del arresto de la exmandataria Áñez dentro del caso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado a instancias de una exparlamentaria del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
En el caso ‘golpe de Estado I’, Áñez está acusada de terrorismo en grado de complicidad por la crisis de 2019.
En 2022 Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
El gobierno de Luis Arce y el MAS afirman que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Por el caso ‘golpe de Estado I’ también está en prisión preventiva desde finales de 2022 el líder de la fuerza opositora Creemos y gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para quien la fiscalía pide 20 años de prisión.
En el mismo proceso, semanas antes de la sentencia para Coimbra y Guzmán, cuatro exjefes militares también renunciaron a someterse a un juicio oral público y aceptaron culpa para ir a un proceso abreviado a cambio de sentencias menores.
Tres de ellos recibieron una condena de dos años de prisión y el cuarto fue condenado a tres años de cárcel, acusados por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los sucesos de 2019.
La Fiscalía y el Gobierno consideraron que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios, y que esa responsabilidad correspondía a un legislador del MAS, mientras que la defensa de la exmandataria interina defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
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