Los exministros bolivianos Álvaro Coimbra y Álvaro Guzmán, del gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), fueron sentenciados este martes a dos años de cárcel dentro de uno de los procesos judiciales por la crisis de 2019 en Bolivia.
En una audiencia realizada de forma telemática, el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de La Paz dispuso «aprobar» una «salida alternativa consistente en el procedimiento abreviado a favor de Coimbra y Guzmán, quienes están en prisión preventiva desde marzo de 2021.
El someterse a un proceso abreviado supone una admisión de culpa, por lo que los exministros interinos fueron sentenciados a «dos años de privación de libertad» por los delitos de «encubrimiento y asociación delictuosa» en «grado de autoría», según la resolución leída en la audiencia.
Coimbra y Guzmán, que fueron los ministros interinos de Justicia y de Energías, respectivamente, fueron detenidos el 12 de marzo de 2021 horas antes del arresto de la exmandataria Áñez dentro del caso «golpe de Estado I», iniciado a instancias de una exparlamentaria del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
En el caso «golpe de Estado I», Áñez está acusada de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS afirman que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Por el caso «golpe de Estado I» también está en prisión preventiva desde fines de 2022 el líder de la fuerza opositora Creemos y gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En el mismo proceso, hace dos semanas, cuatro exjefes militares también renunciaron a someterse a un juicio oral público y aceptaron culpa para ir a un proceso abreviado a cambio de sentencias menores.
Tres de ellos recibieron una condena de dos años de prisión y el cuarto fue condenado a tres años de cárcel, acusados por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los sucesos de 2019.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La Fiscalía y el Gobierno consideraron que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS, mientras que la defensa de la exmandataria interina defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
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