Dos hombres residentes en Miami (Florida) fueron hallados culpables de facturar ilegalmente 1400 millones de dólares en servicios de pruebas de laboratorio, un fraude que involucra a hospitales rurales también en los estados de Georgia y Misuri, informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras 24 días de juicio, un jurado federal del Distrito Medio de Florida declaró culpables de fraude a Jorge Pérez, de 62 años, y Ricardo Pérez, de 59, quienes «facturaron 1400 millones de dólares en servicios de pruebas de laboratorio que eran médicamente innecesarias».
El «sofisticado esquema de transferencia de facturación involucraba a hospitales rurales», que eran utilizados como «pantallas de facturación para presentar reclamos por servicios que en su mayoría se realizaban en laboratorios externos», señaló un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.
Ambos fueron declarados culpables de «fraude a la atención médica en cinco ocasiones específicas y conspiraron para lavar las ganancias de este esquema fraudulento».
«Estos acusados se aprovecharon y explotaron a los vulnerables: hospitales vulnerables, comunidades desatendidas vulnerables y pacientes vulnerables que buscan tratamiento para la adicción», con el único fin de «llenar sus bolsillos», dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Los dos se implicaron en un esquema de fraude «elaborado» para aprovecharse de las instalaciones médicas en dificultades en varios estados y «defraudar a las aseguradoras privadas».
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas, los acusados se hicieron con el control de «hospitales rurales en apuros financieros» por medio de acuerdos de administración y compras.
Jorge y Ricardo Pérez prometieron evitar el cierre de estos hospitales rurales en Florida, Georgia y Misuri convirtiéndolos en sitios de pruebas de laboratorio; sin embargo, «facturaron pruebas de laboratorio fraudulentas» por cientos de millones de dólares durante varios años.
Además, gran parte de las pruebas de laboratorio facturadas a través de estos hospitales «involucraban pruebas de detección de drogas en orina para pacientes vulnerables en tratamiento de adicciones» que habían sido captados con sobornos a reclutadores y proveedores.
«Las pruebas facturadas por los acusados a menudo no eran médicamente necesarias», señaló.
Ambos fueron condenados por «conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico, cinco cargos de fraude de atención médica y conspiración para cometer lavado de dinero», por lo que afrontan una condena de hasta 20 años de cárcel.
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