El fiscal especial John Durham podría tener suficientes motivos para presentar cargos contra múltiples partes por conspiración para mentirle al gobierno, aunque podría abstenerse de hacerlo, según un exagente especial del FBI y fiscal federal.
Durham sostiene que hubo una «empresa conjunta» entre varias partes, incluidos los agentes de la campaña presidencial de 2016 de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, los abogados contratados por la campaña y sus asociados y subcontratistas. El objetivo de la empresa era recolectar cosas turbias en 2016 sobre el entonces candidato presidencial Donald Trump para ayudar a Clinton. Eso no es ilegal.
Durham también ha esbozado pruebas que sugieren que en el futuro podría acusar a una parte de la empresa de venderle las cosas turbias al gobierno de EE. UU. con el entendimiento de que se dirían mentiras—al menos mentiras por omisión—durante este proceso. Eso podría ser una conspiración criminal. Sin embargo, según Marc Ruskin, exagente especial del FBI y fiscal adjunto, la posibilidad de que se presenten cargos de este tipo no depende únicamente de que se haya infringido técnicamente una ley.
“Creo que se puede argumentar con fuerza que habría justificación suficiente para un cargo de conspiración y que no debería ser una sorpresa si se presenta uno. Pero también, hay muchos… factores estratégicos que intervienen en la determinación de un fiscal sobre qué cargos presentar”, dijo a The Epoch Times.
Si Durham, por ejemplo, tiene la intención de presentar cargos más graves o espera tener una base más sólida en una acusación diferente, puede evitar presentar cargos menores o más débiles que «pueden resultar una distracción», dijo Ruskin.
Hasta ahora, Durham ha presentado tres acusaciones, una de las cuales dio lugar a una declaración de culpabilidad. No ha presentado cargos por conspiración, que es un delito federal con penas que dependen de la gravedad del delito subyacente.
La conspiración criminal se define legalmente de manera bastante diferente a cómo la gente puede entender el término coloquialmente, dijo Ruskin. El gobierno solo necesita evidencia circunstancial suficiente de que al menos dos personas tenían un acuerdo de que harían algo que viola la ley federal. Pero en realidad no es necesario que sigan hasta el final para infringir la ley. Como mínimo, solo uno de ellos tiene que realizar un «acto manifiesto» para llevar a cabo el plan.
Mientras tanto, el delito de mentir al gobierno también podría interpretarse de forma amplia. Es necesario que uno diga a un funcionario del gobierno que desempeña sus funciones oficiales algo que no es cierto y que es «material», lo que significa que tendría una tendencia natural a afectar a la forma en que el gobierno desempeña sus funciones, incluso si la mentira no da lugar a ese cambio. La mentira no tiene que ser necesariamente explícita. Podría ser una mentira por omisión, explicó Ruskin, aunque reconoció que esa interpretación dependería de los hechos específicos de un caso.
Eso sugiere que Durham ni siquiera necesitaría demostrar que los agentes de Clinton mintieron. Tendría que demostrar que comprendían que iban a proporcionar información de tal manera que engañaría al gobierno.
Ya hay algunos indicios en este sentido en el registro.
Durham ha acusado al abogado de seguridad cibernética Michael Sussmann, que en 2016 trabajaba en nombre de la campaña de Clinton, de mentir sobre su motivación para aportar información al FBI.
En septiembre de 2016, Sussmann se reunió con el entonces asesor general del FBI, James Baker, y le entregó informes y datos que supuestamente mostraban comunicaciones electrónicas infames entre la Organización Trump y el Alfa Bank de Rusia.
Antes de la reunión, Sussmann envió un correo electrónico a Baker diciendo explícitamente que no iba allí representando a ningún cliente. Pero en realidad, estaba facturando ese tiempo a la campaña de Clinton.
El FBI determinó que los datos no mostraban ninguna comunicación infame.
Durham ha dicho que a los investigadores que analizaron los datos como parte de la supuesta operación se les pidió que apoyaran una «inferencia» y una «narrativa» que vinculara a Trump con Rusia. Al parecer, uno de los investigadores elogió el borrador del informe por ocultar sus aparentes fallas.
“Un experto en DNS le haría varios agujeros a esta hipótesis (principalmente en torno a la visibilidad, de la que muy inteligentemente no se habla). Dicho esto, no creo que ni siquiera los principales investigadores de seguridad (no DNS) puedan refutar sus afirmaciones. ¡Muy bien!», escribió el investigador en un correo electrónico dirigido a Rodney Joffe, director de varias empresas de ciberseguridad, quien elaboró el informe y se lo entregó a Sussmann (pdf).
Durham también señaló que Sussmann y sus clientes tenían un «motivo imperioso… para ocultar las identidades de dichos clientes y los orígenes de la empresa conjunta» debido a la «naturaleza política del ejercicio y a las numerosas dudas que los investigadores tenían sobre la solidez de sus conclusiones».
Lo que podría sellar el acuerdo para Durham sería alguna comunicación entre las partes de la empresa que indicara que más de una de ellas tenía un entendimiento de que darían información al gobierno, pero no contarían toda la historia, engañando a sabiendas al gobierno.
El problema es que las partes acusadas afirman que sus comunicaciones internas están cubiertas por el privilegio abogado-cliente y el privilegio del «producto del trabajo». Dicen que la razón por la que el entonces empleador de Sussmann, el bufete de abogados Perkins Coie, fue contratado por la campaña de Clinton fue para ofrecer asesoramiento jurídico, incluido el asesoramiento sobre posibles demandas por difamación presentadas por Trump contra la campaña. Como tal, necesitaban recopilar datos sobre Trump para estar seguros de que lo que decían sobre él durante la campaña era exacto.
Sin embargo, Durham no se lo cree. Argumentó que la empresa recopiló información sobre Trump principalmente no para ayudar a un análisis legal, sino para difundir la información sin tener en cuenta la supuesta confidencialidad.
En particular, una de las partes de la empresa—la firma de investigación de oposición Fusion GPS—que fue contratada por Perkins Coie para investigar a Trump, «no mostró ninguna de las precauciones o marcadores de confidencialidad que normalmente acompañan a un esfuerzo legal para evaluar o evitar la responsabilidad por calumnia o difamación», dijo el equipo de Durham en una declaración judicial del 26 de abril (pdf).
«La teoría del privilegio de las partes en este caso es similar a la afirmación de que un propietario de una vivienda buscó ‘asesoramiento legal’ en relación con las quejas de ruido haciendo que su abogado contratara a una banda de música para que tocara en su patio trasero», dice la declaración.
Durham le está pidiendo al juez federal de distrito Christopher Reid Cooper del Distrito de Columbia que revise en privado unas pocas docenas de correos electrónicos supuestamente privilegiados para determinar si realmente lo son. Si no lo son, estos documentos y posiblemente muchos otros deben entregarse a los fiscales.
El juicio de Sussmann está previsto para llevarse a cabo a mediados de mayo. Él se ha declarado inocente.
A Durham le fue encomendado alrededor de marzo-mayo de 2019 revisar la investigación del FBI de 2016-2017 sobre la supuesta colusión entre el candidato y luego presidente Donald Trump y Rusia para influir en las elecciones de 2016. No se encontró tal colusión.
En octubre de 2020, el entonces fiscal general William Barr nombró a Durham como abogado especial. En febrero de 2021, Durham renunció a su cargo como fiscal federal y ha continuado la investigación como abogado especial únicamente.
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