Una abogada francesa con experiencia en casos de seguridad del Estado ha declarado que el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, podría tener que esperar 10 años para ser juzgado por complicidad en delitos penales.
Maud Marian, abogada defensora afincada en París, declaró a The Epoch Times que sospecha que la fiscal encargada del caso, Laure Beccuau, quiere «información» de Durov y no necesariamente llevarlo a juicio.
Por el contrario, Sadry Porlon, abogada francesa especializada en derecho de las tecnologías de la información, se mostró en desacuerdo y afirmó que las cuestiones planteadas eran relativamente sencillas y podrían resolverse rápidamente.
Durov fue detenido el mes pasado después de que su avión privado llegara al aeropuerto parisino de Le Bourget procedente de Dubai. Tras ser interrogado durante varios días, fue puesto en libertad bajo fianza de 5 millones de euros (5.5 millones de dólares) y se le prohibió salir de Francia.
La fiscalía de París emitió un comunicado en el que informaba de que Durov había sido acusado de 12 delitos, entre ellos complicidad para permitir el tráfico de drogas, permitir que se compartieran imágenes de abusos a menores en Telegram y negarse a cooperar con las autoridades que investigan delitos en la aplicación.
Durov no es el primer ejecutivo detenido e imputado en relación con un dispositivo o aplicación de cifrado.
En 2021, Thomas Herdman, ciudadano canadiense, fue extraditado de España a Francia y acusado de 22 delitos relacionados con la red Sky ECC.
Herdman, que niega haber cometido delito alguno, lleva tres años recluido en la prisión de Fleury-Merogis, cerca de París, y aún no se le ha dado fecha para el juicio.
Marian dijo que, teniendo en cuenta el caso de Herdman, Durov podría esperar aún más tiempo hasta que se celebre el juicio.
«Diez años no es inusual cuando el caso está relacionado, de un modo u otro, con la seguridad del Estado», dijo Marian.
En su opinión, debería fijarse un juicio más rápidamente cuando alguien está esperando en la cárcel.
«Es una táctica de la justicia francesa, que se tomará todo el tiempo que necesite porque lo que quiere es información, y cuando una investigación está abierta, puede investigar a cualquiera y todo», dijo.
«No debería estar bien, pero lo está. Es realmente muy común».
Durov fue imputado el 28 de agosto —el término jurídico francés es mis en examen— y en virtud de él, su abogado defensor, David-Olivier Kaminski, puede presentar peticiones al juez instructor.
Kaminski declaró a los medios de comunicación franceses tras la imputación que «es totalmente absurdo pensar que el responsable de una red social pueda estar implicado en actos delictivos que no le conciernen, directa o indirectamente».
Durov está siendo procesado en virtud de una nueva legislación, conocida como Ley de Orientación y Programación (LOPMI), que fue aprobada en enero de 2023 con poca fanfarria.
Unos meses más tarde, el gobierno francés hizo un anuncio de información pública en el que destacaba a las empresas la obligación que les impone la ley de denunciar los ciberataques.
«A partir del 24 de abril de 2023, toda persona física o jurídica que sea víctima de pérdidas o daños causados por un ciberataque en el ejercicio de su actividad profesional deberá presentar una denuncia en las 72 horas siguientes al conocimiento de esta violación para poder ser indemnizada por su aseguradora», decía el anuncio.
Al parecer, Beccuau y la unidad de ciberdelincuencia J3 de la fiscalía de París intentan ahora utilizar la ley LOPMI contra Durov.
En una entrevista radiofónica concedida la semana pasada, Beccuau afirmó que la LOPMI es una poderosa herramienta para luchar contra los grupos de delincuencia organizada en Internet.
Porlon, el abogado especializado en telecomunicaciones, dijo que la Ley creaba un nuevo delito de «administración de una plataforma online que ofrece productos ilícitos» y reforzaba los medios de investigación relacionados con la ciberdelincuencia.
Porlon dijo que Durov había sido acusado de conspiración, lo que significa que, según el código penal francés, «un cómplice del crimen o delito previsto es condenado a la misma pena que la persona que es el autor principal».
Añadió que los jueces tienen en cuenta otros factores, «pero esto no impide que el riesgo penal que pesa sobre la cabeza de Pavel Durov sea equivalente al de sus usuarios, que pueden ser calificados como autores del delito».
«No se trataría de decir que el señor Durov participa activamente en todos los delitos cometidos en su plataforma», dijo Porlon.
«Pero… al no hacer lo necesario —en particular, al no actuar con prontitud una vez que el contenido ha sido denunciado por las autoridades estatales— podría ser acusado de cómplice».
Porlon dijo que duda mucho que Durov tenga que esperar 10 años para un desenlace judicial.
«O bien esta negativa a comunicar [por parte de Telegram] no es real y el señor Durov y sus equipos de Telegram respondieron, o no sabían que se les pedía esta información, o bien es al revés, y la decisión no tardará en llegar. Pero en ningún caso tardará 10 años en decidirse», dijo.
Plataforma Telegram
Marian dijo sobre la LOPMI: «No es una ley penal, en principio. Es una ley que organiza cómo debe organizarse el Ministerio del Interior en materia de ciberseguridad».
Ella dijo que la «parte extraña» para Durov es que los fiscales están utilizando la ley para procesarlo sobre la base de que había puesto en marcha una plataforma online «para cometer delitos».
Durov negó que Telegram es un «paraíso anárquico» y dijo que es «absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma».
Marian se mostró de acuerdo y dijo que es ridículo sugerir que Telegram fue diseñada con el propósito de cometer delitos y que millones de políticos, periodistas y otros profesionales, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, la utilizan con fines legítimos.
«Están tratando de procesar a Durov de una manera muy extraña, que es la complicidad en la apertura de una plataforma con la finalidad de cometer delitos, que es una manera muy extraña de proceder», dijo.
«Facebook o WhatsApp o lo que sea, cualquier red social o cualquier página web o cualquier vía de telecomunicación, puede ser utilizada con una intención delictiva, pero no es la finalidad de la misma», dijo Marian.
Dijo que la legislación LOPMI había inventado un «nuevo delito», que se estaba utilizando contra Durov.
«Ni siquiera debería existir, en mi opinión, no es útil», dijo Marian.
Pero Porlon dijo: «Se acusa a la plataforma Telegram de no haber hecho lo necesario para garantizar que ‘la información o los documentos necesarios para la realización y explotación de las interceptaciones autorizadas por la ley’ fueran comunicados a las autoridades judiciales».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la fiscalía de París, pero no ha recibido respuesta.
Con información de Reuters.
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