El Gobierno de Ecuador anunció este martes su negativa a dar un salvoconducto a la exministra María de los Ángeles Duarte, una estrecha colaboradora del expresidente Rafael Correa condenada por corrupción, para que salga del país y viaje a Argentina, donde se le ha concedido el asilo diplomático.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial, aseguró que el Gobierno ecuatoriano no concederá el salvoconducto para que Duarte -refugiada con su hijo en la Embajada de Argentina en Quito desde hace más de dos años- pueda abandonar el país.
La decisión del Ejecutivo ecuatoriano se sustenta en un análisis jurídico hecho sobre el tema del asilo, contenido en el artículo III de la Convención de Caracas de 1954, del que Ecuador y Argentina forman parte, según la fuente.
La Cancillería de Ecuador agregó que «no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción» y sentenciada en 2020 a cumplir ocho años de prisión por un delito de cohecho, en el que también fueron condenados Correa y quien fuera su vicepresidente Jorge Glas, entre otros.
Aunque los imputados niegan los cargos y aseguran que se trata de una persecución judicial («lawfare») organizada por sus adversarios políticos, la Cancillería ecuatoriana ratificó que el juicio contra Duarte concluyó antes de que el actual Gobierno, del presidente conservador Guillermo Lasso, asumiera el poder en mayo de 2021.
«La señora Duarte fue condenada a una pena de ocho años de privación de la libertad por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, tras un proceso penal que tuvo todas las garantías legales para su defensa», arguyó la Cancillería.
Además, hizo notar «que el juicio se inició, cursó y concluyó antes del periodo del actual Gobierno» y que «su sentencia causó ejecutoria en septiembre de 2020», por lo que «es evidente que la señora Duarte no ha cumplido su pena».
Por esas razones, la Cancillería ecuatoriana concluyó que «el Gobierno del Ecuador no concederá el salvoconducto para que ella salga del país».
Con esa decisión Ecuador dio, además, una respuesta a la nota diplomática enviada el pasado 1 de diciembre por el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, sobre la situación de Duarte, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017.
El equipo internacional de abogados que patrocinan al expresidente Rafael Correa y a varios de sus excolaboradores condenados o acusados por corrupción, ha considerado como «falsa» la afirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que «las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes».
En un comunicado emitido la semana pasada, el despacho belga Ius Cogens señaló que «si Ecuador quiere respetar sus obligaciones internacionales, debe conceder un salvoconducto a esta madre y a su hijo».
Ellos consideraron que, dado que el juicio a Duarte «fue de manifiesto injusto, no corresponde al Estado perseguidor -Ecuador-, en el ámbito de una demanda de asilo, determinar si ha violado o no los derechos fundamentales del solicitante».
Asimismo, Correa (2007-2017), que fue uno de los condenados a ocho años de cárcel en este mismo caso, ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica y alega tener también la condición de refugiado por las autoridades belgas para evitar la extradición solicitada por la Justicia ecuatoriana, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino, Alberto Fernández, y con la vicepresidenta Cristina Fernández.
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