Ecuador entró desde este lunes en un estado de excepción por sesenta días que incluye un toque de queda durante la noche y madrugada, debido a la crisis carcelaria desatada en esta jornada y tras los informes de la posible fuga de uno de los reclusos considerados más peligrosos del país.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya había anticipado a través de un mensaje por Instagram que había firmado el decreto ejecutivo sobre el estado de excepción, cuyo texto incluye un artículo sobre la restricción a la libertad de tránsito o toque de queda de seis horas, que irá desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana.
El artículo 7 del anuncio presidencial señala que «se restringe la libertad de tránsito a partir de la expedición del presente Decreto Ejecutivo todos los días desde las 23h00 hasta las 05h00 en el espacio territorial delimitado por la presente declaratoria».
Asimismo, precisa que «las personas que circulen durante el horario de toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente».
El decreto, no obstante, señala varias excepciones sobre el toque de queda, pues deja fuera de ese medida a los servicios de salud pública y privada, a los miembros de la fuerza pública, servicios de emergencia, servidores de varias entidades gubernamentales y el cuerpo diplomático acreditado en el país.
También a contratistas públicos, personal del sector exportador y del industrial que ejerza faenas nocturnas, viajeros de vuelos programados, abogados que acrediten la necesidad de movilización durante el toque de queda, trabajadores de medios de comunicación, empleados de sectores estratégicos.
El decreto ejecutivo del Gobierno precisa que el estado de excepción abarca «todo el territorio nacional» y que ha sido aplicado ante la «grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sin excepción alguna».
También suspende el derecho a la libertad de reunión en el territorio nacional y en las cárceles, así como el derecho a la inviolabilidad de domicilio y al de la correspondencia en el sistema penitenciario.
El decreto de estado de excepción también declara como «zona de seguridad a los centros de privación de la libertad», así como en el «radio de un kilómetro del perímetro de cada centro» penitenciario, donde los policías y militares podrán realizar controles a vehículos y autobuses.
Asimismo, dispone la posibilidad de «requisiciones a las que haya lugar para mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional», que se efectuarán en «casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente».
Los incidentes carcelarios de este lunes han coincidido con las acciones de búsqueda de José Adolfo Macías Salazar, alias ‘Fito’, líder de una banda conocida como ‘Los Choneros’, considerada una de las más peligrosas del país, con presuntos nexos con carteles mexicanos y que aparentemente se fugó de una cárcel en la provincia de Guayas.
El secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró que, con unos 3000 policías y militares continuaban este lunes la operación de búsqueda en el interior de la cárcel donde estaba recluido ‘Fito’, al que describió como un «delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo».
Consultado en un telediario sobre el día de la fuga de ‘Fito’, Izurieta comentó que «lo más probable» es que se filtró información y que fue «cuestión de horas» antes de iniciar un operativo en la cárcel de Guayas, el domingo, cuando descubrieron que el prisionero no estaba en su celda.
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